Ministros aspirantes a la SCJN contrataron publicidad ilegal en redes

Un escándalo digital sacude el proceso de selección de ministros de la Suprema Corte: cinco de los nueve aspirantes habrían violado las normas electorales al contratar campañas pagadas en redes sociales. Organizaciones de observación electoral detectaron 7,800 anuncios ilegales desplegados en Meta (Facebook, Instagram, Threads) y Messenger mediante herramientas de análisis de big data.

La Unidad Técnica de Fiscalización del INE ya investiga estos presuntos delitos digitales, que incluyen desde microtargeting hasta granjas de bots. Los candidatos judiciales tenían estrictamente prohibido cualquier tipo de promoción en entornos digitales o físicos, según el protocolo de selección 2024.

El rastreo algorítmico reveló que 394 aspirantes a 881 cargos judiciales invirtieron entre 2.33 y 3.09 millones de pesos en 1,951 anuncios. El 75% correspondió a candidatos a la SCJN, destacando:

• Loretta Ortiz: 86 anuncios (418K-539K pesos)
• Yasmín Esquivel: 390 spots (370K-483K pesos)
• Giovanni Figueroa: 13 campañas (164K-197K pesos)

Expertos en democracia digital señalan que los aspirantes utilizaron redes de cuentas falsas y terceros para eludir controles. “Quienes deben interpretar la ley la están burlando con estrategias propias de influencers, no de juristas”, denunció Luis Fernández de Práctica: Laboratorio para la Democracia.

La crisis pone en jaque la credibilidad del sistema judicial mexicano en plena era de desinformación algorítmica. Arturo Espinosa de Laboratorio Electoral advierte: “La fiscalización digital del INE debe evolucionar ante estas tácticas sofisticadas. No basta con deslindes cuando hay patrones sistemáticos”.

El caso incluye también presunto financiamiento ilegal de encuestas, en lo que parece ser un modus operandi recurrente. Las organizaciones exigen sanciones ejemplares que marquen un precedente en la era de la política digital.