Minsa se posiciona en el ecosistema agroalimentario
Grupo Minsa, un referente en la industria de la molinería de maíz en México, ha desmentido categóricamente ejercer un control significativo sobre la cotización del grano, en un contexto marcado por movilizaciones del sector agrícola. La corporación, bajo el liderazgo de Altagracia Gómez, argumenta que su adquisición representa aproximadamente el 1% del consumo total nacional, descartando así una capacidad para dictar los precios del alimento básico.
Compromiso con el productor local y transparencia de costos
La firma enfatiza su estrategia de compra, que incluye un precio competitivo para los agricultores y un enfoque prioritario en el abastecimiento interno. Afirma otorgar una prima por el maíz mexicano que excede en cerca de mil pesos por tonelada a las cotizaciones globales, lo que se traduce en un beneficio del 24% comparado con el maíz amarillo de importación.
Abastecimiento estratégico y datos concretos
Minsa detalló que su modelo de abastecimiento se centra en el maíz blanco nacional, recurriendo a importaciones únicamente durante períodos de escasez local. En el último sexenio, la compañía asegura haber comprado cerca de cuatro millones de toneladas de grano doméstico, con un volumen importado de solo 69,815 toneladas, una fracción inferior al 0.1% de la producción del país.
Deconstrucción del precio final de la tortilla
La empresa busca generar claridad en la cadena de valor, revelando que el costo de la harina constituye solo el 35% del precio al consumidor de la tortilla. El porcentaje restante corresponde a otros componentes operativos y comerciales ajenos a su gestión, una aclaración dirigida a fomentar la transparencia ante la opinión pública.
Diversificación del mercado y evolución del cliente
En el ámbito comercial, Minsa reportó que el 51% de sus ingresos procede de la industria de la masa y la tortilla, el 34% de fabricantes de botanas y tostadas, y el remanente se distribuye entre el canal abarrotero, el comercio minorista y las ventas al exterior. Las transacciones con el sector gubernamental han mostrado una tendencia a la baja, pasando del 7.8% en 2020 al 4.2% en el año en curso.
