El Gravamen que Desató un Conflicto de Poderes
Ricardo Monreal Ávila, coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, ha levantado la voz para defender con firmeza la legalidad del impuesto a los videojuegos. Pero, ¿se trata solo de una defensa técnica o es la primera fisura visible en la aplicación de la Ley de Ingresos? Su declaración no es un mero recordatorio fiscal; es un desafío directo a la narrativa oficial, al aclarar que el Ejecutivo federal carece de facultad para suspender de manera unilateral un tributo ya vigente.
La Advertencia que Cuestiona un Anuncio Presidencial
Monreal se refirió sin ambages al anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien había señalado la retirada del gravamen por supuestas dificultades técnicas para clasificar los productos sujetos al cobro. Sin embargo, el veterano legislador plantea una pregunta incisiva: ¿puede la complejidad administrativa invalidar una ley formalmente aprobada? Su advertencia es clara: ignorar el impuesto generaría un serio problema jurídico, pues la inaplicación de una obligación no puede decidirse al margen del marco legal.
“El impuesto no es solo una estimación; es una obligación fiscal creada en ley formal”, afirmó Monreal Ávila, en una frase que resuena como un principio inquebrantable. “La falta de un sistema estatal de clasificación de videojuegos no suspende ni extingue la obligación tributaria prevista en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y en la Ley de Ingresos de la Federación para 2026″.
La Base Legal y el Pulso Institucional
Al profundizar, Monreal revela detalles cruciales. La tasa del 8% no es una invención arbitraria; tiene base legal expresa y forma parte del sistema tributario vigente desde el 1 de enero de 2026. El hecho imponible —el momento que genera la deuda— está claramente definido en la ley fiscal sustantiva. Esta precisión, según el coordinador, es lo que garantiza su aplicación conforme al marco jurídico y, a la vez, expone la fragilidad del argumento técnico para su suspensión.
¿Qué revela este cruce de declaraciones? Una investigación periodística perspicaz descubre más que un desacuerdo logístico. Se vislumbra un pulso institucional entre poderes. Monreal, aunque reconoce las dificultades técnicas señaladas por la Presidenta, adelanta con contundencia que será el Poder Legislativo —y no el Ejecutivo— el único facultado para realizar cualquier modificación legal. Reitera que el polémico impuesto se mantiene plenamente vigente hasta que una nueva ley, surgida del Congreso, decida lo contrario.
Conclusión: Una Grieta en la Aplicación de la Ley
La defensa de Monreal trasciende el mero debate sobre un impuesto a los videojuegos. Expone una tensión fundamental en la gobernanza: la rigidez de la ley frente a la flexibilidad de su aplicación. Su postura es un recordatorio de que los controles y equilibrios entre poderes no son teoría, sino práctica. La revelación final para el lector es que este episodio puede ser el primer síntoma de futuros conflictos en la implementación de la agenda fiscal, donde las buenas intenciones chocarán, una y otra vez, con la letra fría de la ley. El impuesto sigue en pie, y con él, una pregunta de fondo: ¿quién tiene realmente la última palabra?
