La bancada de Morena en el Senado de la República activó un mecanismo de urgencia, organizando de manera apresurada dos denominadas “audiencias públicas” para analizar la polémica iniciativa de reforma a la Ley de Amparo promovida por el Gobierno federal. Esta celeridad ha despertado suspicacias y abierto un frente de críticas por parte de la oposición, que cuestiona la transparencia y profundidad del análisis.
La decisión fue anunciada por el coordinador de la mayoría morenista, Adán Augusto López, quien previamente había frenado la realización de un parlamento abierto y diversos conversatorios sobre la propuesta. ¿Por qué este cambio de formato? ¿Qué motivos hay detrás de la premura?
El calendario es ajustado: las audiencias se llevarán a cabo el viernes y el lunes próximo, con el objetivo declarado de que las comisiones involucradas presenten el dictamen correspondiente el martes, inmediatamente después del envío formal de la iniciativa por la Presidenta Claudia Sheinbaum. Un plazo que expertos consultados consideran insuficiente para un debate serio.
“No es parlamento abierto, no es conversatorio; es en un formato distinto”, explicó López, quien también preside la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara alta. Pero, ¿en qué consiste exactamente este “formato distinto”? Las especificaciones brillan por su ausencia, generando más interrogantes que certezas.
El senador tabasqueño justificó la medida argumentando que fueron los propios integrantes de las comisiones de Justicia, Estudios Legislativos y Hacienda quienes le solicitaron organizar estas audiencias. Sin embargo, nuestra investigación no ha podido corroborar esta afirmación de manera independiente.
En un gesto que busca proyectar apertura, López adelantó: “Vamos a escuchar las opiniones y, dependiendo de esas opiniones, podría haber cambios a la propuesta original”. No obstante, esta declaración contrasta con su valoración personal de la iniciativa, que calificó como innecesaria de modificaciones de fondo o forma. ¿Se trata de una simple simulación de diálogo?
Uno de los puntos más sensibles es la insistencia oficial en que la iniciativa “no limita a los ciudadanos en el ejercicio del derecho de amparo”. Pero abogados constitucionalistas entrevistados para este reportaje advierten sobre posibles restricciones veladas y un fortalecimiento del poder ejecutivo en perjuicio de este crucial mecanismo de defensa legal.
La narrativa oficial presenta la reforma como “perfectible”, pero la velocidad con la que se pretende aprobar sugiere una agenda predefinida. La verdadera pregunta que emerge de esta investigación es si estas audiencias son un genuino espacio de deliberación o simplemente el último trámite para una decisión ya tomada. Las próximas horas en el Senado serán cruciales para el futuro de las garantías individuales en México.
