Morena archiva el primer intento de desafuero contra Alito por enriquecimiento ilícito

En un giro que nadie vio venir (o quizá todos), Morena, ese faro de pureza ética, ha determinado que la primera solicitud de desafuero contra Alejandro “Alito” Moreno —el hombre que convirtió el PRI en un taller de orfebrería financiera— es tan improcedente como buscar coherencia en un discurso de mañanera.

El coordinador parlamentario Ricardo Monreal, conocido por su habilidad para equilibrar principios sobre la cuerda floja de la conveniencia, anunció con solemnidad que la Sección Instructora desechará la querella por enriquecimiento ilícito. ¿Motivo? Un amparo judicial que, como por arte de magia, evaporó las pruebas como si fueran el salario mínimo frente a la inflación.

Pero no teman, ciudadanos: la Fiscalía Anticorrupción de Campeche, en un arrebato de creatividad jurídica, ya prepara su segunda jugada. Ahora acusan a Alito de peculado por la módica suma de 83 millones de pesos (monto que, coincidentemente, equivale al presupuesto anual de cinco municipios olvidados por la Cuarta Transformación).

“Son plazos fatales”, advirtió Monreal, mientras los diputados ajustaban sus cronómetros para esta carrera de relevos donde el testigo es un expediente y la meta, un titular de prensa. Mientras tanto, Mauricio Farah, secretario general de la Cámara, recibe instrucciones tan precisas como las de un relojero suizo: pasar el caso a la Sección Instructora antes de que alguien recuerde que hay elecciones próximas.

Así, entre amparos que aparecen más rápido que los programas sociales en año electoral y procesos que se reinician como videojuego arcade, la política mexicana demuestra una vez más que la justicia es como el chile de árbol: pica, pero solo a los que no saben aguantarla.