Una Solicitud que Revela una Crisis Oculta
En un movimiento que destapa una profunda contradicción al interior del partido en el poder, el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, ha interpuesto una solicitud formal ante la Fiscalía General de la República (FGR). El objetivo: la creación urgente de una comisión especial para investigar los delitos de huachicol fiscal y facturación falsa, dos flagelos que, según sus propias declaraciones, están minando las finanzas del gobierno federal.
Pero, ¿por qué esta petición surge ahora? La investigación periodística revela que las declaraciones de Ramírez Cuéllar chocan frontalmente con la narrativa oficial de su partido. Solo días antes, la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, había afirmado categóricamente que el huachicol fiscal “se acabó” en el sexenio pasado. ¿A quién creer? ¿Se trata de una simple discrepancia o es la punta de un iceberg de una problemática económica mucho más grave de lo admitido públicamente?
Al profundizar en los testimonios y documentos, surge una realidad alarmante. Ramírez Cuéllar no solo contradice a su compañera de partido, sino que aporta cifras concretas que pintan un escenario desolador. Durante la administración de López Obrador, el desfalco al erario por concepto de huachicol fiscal de diésel habría alcanzado un promedio de 43.7 mil barriles diarios, una cifra que representa alrededor del 10% del consumo nacional. La evasión de impuestos como el IVA y el IEPS se calcula en la astronómica cantidad de 4,600 millones de dólares.
Al conectar estos puntos, la imagen se vuelve más clara y preocupante. La afectación total combinada para Pemex y la Hacienda Pública, sumando el huachicol físico y el fiscal, se estima en más de 28,200 millones de dólares. Esta revelación obliga a cuestionar la efectividad real de las estrategias implementadas hasta ahora y plantea una incógnita crucial: ¿quién o qué grupos se están beneficiando de este sofisticado esquema de evasión fiscal y contrabando?
La solicitud de una comisión especial no es solo un trámite legislativo; es un reconocimiento tácito de que existe una red de delincuencia financiera operando a gran escala. La conclusión es ineludible: mientras la narrativa pública proclama victorias, una investigación interna sugiere que la batalla contra el saqueo de las finanzas públicas está lejos de haber terminado, y que su costo real para la nación es mucho más alto de lo que se conoce.
