En los pasillos del poder legislativo, una iniciativa busca desentrañar una práctica de la industria aérea que ha pasado desapercibida para muchos, pero que impacta directamente el bolsillo y la seguridad de las familias mexicanas. ¿Es legítimo que las aerolíneas cobren extra por garantizar que un niño pequeño no vuele separado de sus padres? El grupo parlamentario de Morena tiene una respuesta contundente y está moviendo piezas para convertirla en ley.
La investigación: Una diputada contra las tarifas ocultas
Tras un meticuloso análisis de quejas y testimonios de usuarios, la diputada Claudia Rivera Vivanco presentó una propuesta para reformar la Ley de Aviación Civil. Su objetivo declarado es claro: proteger la economía familiar y salvaguardar a la niñez. Sin embargo, la pregunta de fondo es más incisiva: ¿hasta qué punto las políticas comerciales de las aerolíneas de bajo costo pueden sobreponerse al bienestar y la seguridad básica de los pasajeros más vulnerables?
“Esta propuesta responde a una problemática creciente”, explicó la legisladora en un documento al que tuvimos acceso. Nuestra investigación confirma que las compañías aéreas han implementado sistemas de cobro por selección de asientos que fuerzan a los tutores a desembolsar cantidades que, en múltiples testimonios recabados, superan los 600 pesos por plaza. El resultado, según los relatos, es una angustiosa lotería donde los niños pueden terminar asignados a filas distantes, separados de sus responsables.
El meollo del asunto: Seguridad versus rentabilidad
Rivera Vivanco, en una entrevista exclusiva, puso el dedo en la llaga: “Si bien el modelo de bajo costo ha democratizado el acceso al transporte aéreo, no debe permitirse que la rentabilidad de las empresas vulnere derechos fundamentales”. La cuestión de la seguridad no es un detalle menor. Expertos consultados coinciden en que, en caso de una emergencia o turbulencia severa, la separación física entre un menor y su adulto acompañante puede complicar una evacuación o generar crisis de pánico innecesarias.
La iniciativa, cuyo texto analizamos minuciosamente, propone adicionar un párrafo al artículo 47 Bis de la ley. La redacción es clara y no deja espacio a ambigüedades comerciales: las aerolíneas estarán obligadas, sin excepción y sin costo adicional, a realizar la asignación conjunta de asientos para menores de doce años. ¿Por qué se requiere una ley para algo que parece de sentido común? Los documentos revelan que la autorregulación del sector ha sido insuficiente.
La conexión global: México a la zaga de una tendencia mundial
Al profundizar en la investigación, descubrimos que esta batalla no es exclusiva de México. La diputada por Puebla fundamenta su proyecto en recomendaciones de organismos internacionales clave como la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Al cruzar datos y regulaciones, encontramos que la Unión Europea, Estados Unidos y varias naciones latinoamericanas ya cuentan con normativas similares que limitan o prohíben estos cobros.
La conclusión del proyecto legislativo es reveladora: “Se busca poner fin a prácticas comerciales que generan incertidumbre y desprotección”. Lo que esta iniciativa expone, más allá del ahorro familiar, es una pugna por redefinir los límites de la rentabilidad en un servicio público esencial. La revelación final es que, de aprobarse, México no estaría innovando, sino alineándose a un estándar global de protección al consumidor que el sector aéreo ha resistido silenciosamente. El verdadero vuelo de esta reforma apenas comienza.
