Senadores del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional han realizado un llamado explícito al gobierno federal para que permita sin restricciones la marcha convocada por jóvenes de la denominada Generación Z, programada para el 15 de noviembre en la Ciudad de México. Esta postura conjunta representa un posicionamiento político significativo en el contexto actual.
El coordinador priista en el Senado, Alejandro Moreno Cárdenas, manifestó durante una entrevista que las autoridades tienen la obligación constitucional de garantizar que los jóvenes puedan expresar sus ideas y demandas sin convertirse en objeto de vigilancia excesiva o persecución política. Consideró que existe una clara intención por parte del gobierno federal de “coartar” la voz de una generación que busca participar activamente en la vida pública del país, un fenómeno que calificó como preocupante para el desarrollo democrático nacional. “Ahora quieren coartar, investigar, tener información y perseguir a los jóvenes que se están organizando de manera libre.
Los jóvenes quieren hablar, quieren expresarse y están en plena libertad de hacerlo”, señaló el líder senatorial con notable contundencia. Aunque realizó la aclaración pertinente de que el PRI no forma parte de la organización logística de la movilización, afirmó que su bancada respalda plenamente el derecho fundamental de los jóvenes a manifestarse de manera pacífica y respetuosa, tal como lo establece el marco jurídico mexicano.
“Es una causa de ellos, no nuestra. Nosotros sólo llamamos a que se conduzcan con apertura, con respeto, sin violencia, pero que quede claro que los que mandan grupos de choque para reventar las protestas son los de Morena”, afirmó Moreno Cárdenas, estableciendo una clara diferenciación entre las formas de participación política que, según su perspectiva, caracterizan a los distintos actores involucrados.
Por su parte, el coordinador panista Ricardo Anaya Cortés enfatizó la necesidad de que el gobierno escuche atentamente las demandas juveniles y se abstenga de cualquier acción que pueda interpretarse como represión hacia su legítima participación política. Afirmó que la movilización representa una expresión auténtica y espontánea de jóvenes provenientes de distintas corrientes ideológicas que buscan ser escuchados en el espacio público, destacando que “es saludable para la democracia que la juventud se organice y salga a las calles” como muestra de un tejido social vibrante.
“La información que yo tengo es que esta es una marcha genuina que están organizando los jóvenes por sí mismos, de distintas preferencias políticas, y, por supuesto, nuestro respaldo y nuestra solidaridad. Qué bueno que los jóvenes se organicen, que salgan a la calle; y al gobierno lo que yo le diría es que ya no tengan miedo de los jóvenes”, indicó el representante parlamentario con un tono que combinaba apoyo y advertencia.
Anaya Cortés insistió en que, en lugar de dedicar recursos a investigar quién podría estar detrás de la organización de la marcha, las autoridades deberían concentrarse en atender las causas estructurales que motivan la inconformidad entre el sector juvenil. Su argumentación apuntó hacia la necesidad de un cambio de enfoque en la relación entre el Estado y las nuevas generaciones.
“Mejor que investiguen qué pueden hacer por los jóvenes, que estén atentos a la marcha, que los escuchen y que atiendan sus demandas legítimas”, concluyó el coordinador panista, estableciendo así una hoja de ruta alternativa a la que, según su percepción, ha seguido el gobierno actual frente a las expresiones de descontento social. Este posicionamiento de las fuerzas opositoras ocurre en un contexto donde las movilizaciones juveniles han adquirido especial relevancia en el panorama político nacional.
La Generación Z, comprendida aproximadamente por personas nacidas entre 1997 y 2012, ha demostrado una capacidad de organización y una conciencia política que está redefiniendo los tradicionales mecanismos de participación ciudadana. Su llegada al debate público representa un punto de inflexión en la dinámica social mexicana, con potencial para alterar los equilibrios de poder establecidos.
La respuesta del gobierno federal ante esta movilización será analizada como un termómetro de su apertura al diálogo con las nuevas generaciones y su disposición a encarar críticas constructivas. Las garantías para el ejercicio pleno de los derechos de reunión y expresión pacífica constituyen un elemento fundamental en cualquier democracia consolidada, y su preservación resulta esencial para el fortalecimiento del sistema político en su conjunto.
La evolución de este movimiento juvenil y la reacción institucional que provoque podrían marcar un precedente significativo para futuras expresiones de participación ciudadana, especialmente aquellas lideradas por jóvenes que buscan transformar los cauces tradicionales de la política mexicana. La capacidad de las instituciones para procesar estas demandas sin criminalizarlas determinará en buena medida la salud democrática del país en los próximos años.
