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Noroña propone que Harfuch viva en Jalisco para combatir la inseguridad

Una propuesta inusual busca replicar el éxito de Guanajuato en Jalisco con un enfoque disruptivo.

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En un giro audaz que desafía los enfoques tradicionales de seguridad, el senador Gerardo Fernández Noroña lanzó una idea provocadora: ¿qué pasaría si el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, trasladara su residencia a Jalisco? Esta propuesta surge como respuesta a la ola de violencia que azota al estado, con episodios recientes en Teuchitlán y Teocaltiche que han conmocionado a la sociedad.

Noroña, conocido por sus planteamientos poco convencionales, dibuja un paralelismo con el caso de Guanajuato, donde la presencia física de Harfuch coincidió con una notable reducción de homicidios. “No es una fórmula mágica”, aclara el legislador, “pero quizás la proximidad geográfica del máximo responsable de seguridad podría catalizar la coordinación intergubernamental que tanto necesita Jalisco”.

Esta propuesta va más allá de lo simbólico: plantea un modelo de gestión de seguridad radicalmente distinto, donde los tomadores de decisiones experimenten directamente las consecuencias de sus políticas. ¿Podría la inmersión territorial de los funcionarios federales ser la clave para romper la inercia burocrática? Noroña sugiere que sí, aunque reconoce que se trata de un experimento social sin garantías.

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El senador fue enfático al señalar que esta medida no exime de responsabilidad a las autoridades locales, pero podría servir como catalizador para una colaboración más efectiva. “Cuando la crisis exige soluciones extraordinarias, debemos estar dispuestos a probar enfoques disruptivos”, argumentó durante su visita a Guadalajara, donde además promovió la elección judicial.

Este planteamiento abre un debate fascinante sobre la geopolítica de la seguridad: ¿tienen los funcionarios federales que “poner la piel en el juego” literalmente? Mientras algunos podrían tildar la idea de simplista, otros ven en ella un principio innovador de accountability territorial que podría redefinir la lucha contra el crimen organizado.

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