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Nacional

Nuevo modelo de inversión privada en generación eléctrica

Nuevo modelo redefine las reglas del juego para la generación de energía, priorizando el control estatal en un mercado en transformación.

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Reconfiguración del panorama energético: la CFE centraliza el modelo

Un borrador regulatorio del sector eléctrico establece un nuevo paradigma para la participación de capital privado. Las empresas podrán construir centrales de generación, pero su producción estará destinada exclusivamente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), bajo un esquema denominado Producción a Largo Plazo para Desarrollo Mixto.

Este modelo disruptivo prohíbe a los desarrolladores obtener otros permisos, contratar en modalidades alternativas o comercializar excedentes con terceros. La CFE actuará como el único representante de estas centrales en el Mercado Eléctrico Mayorista, consolidando su papel como operador central del sistema.

Inversión y riesgo: un nuevo equilibrio público-privado

El esquema traslada la carga financiera y operativa a los particulares, quienes deben construir, financiar, operar y mantener la infraestructura, incluyendo obras de acceso. La estatal no aporta capital inicial. La retribución ocurre una vez la planta entra en operación comercial, con un contrato que no excederá los 30 años y debe garantizar la amortización total de la inversión.

Paralelamente, se promueve un esquema de inversión mixta donde la CFE participa con un mínimo del 54% del capital. Esta participación, que puede ser líquida, en especie o mediante activos intangibles, debe formalizarse en un plazo máximo de seis meses posteriores al inicio operativo del proyecto.

Enfoque social y transición energética inclusiva

El documento subraya la intención de alinear la inversión privada con una planeación vinculante de carácter social. Los proyectos deben incorporar programas que garanticen acceso equitativo, inclusión y el uso de energías limpias en el suministro básico.

Para impulsar esta visión, se propone la creación de un fondo especial administrado por la Secretaría de Energía, destinado a financiar estrategias que aceleren una transición energética justa y democratizada.

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