CIUDAD DE MÉXICO.— ¿Por qué Estados Unidos muestra un interés tan marcado en las elecciones judiciales de México? Los datos del Instituto Nacional Electoral (INE) revelan un fenómeno inusual: casi la mitad de los 375 observadores internacionales acreditados provienen de territorio estadounidense, superando por amplio margen a otras naciones. ¿Se trata de simple curiosidad académica o hay motivos más profundos detrás de esta vigilancia transnacional?
Fuentes oficiales confirman que, entre los visitantes extranjeros, 48 tienen nacionalidad estadounidense, seguidos por argentinos (37) y centroamericanos (34). Pero la composición de estos grupos despierta más interrogantes: 63 pertenecen a cuerpos diplomáticos, 54 son autoridades electorales extranjeras y 44 se identifican como académicos. ¿Qué buscan realmente estos actores en un proceso tradicionalmente opaco como la elección de magistrados?
Documentos obtenidos por este medio detallan restricciones impuestas por el INE: los observadores tienen prohibido realizar proselitismo, declarar preferencias o pronosticar resultados. Sin embargo, analistas consultados cuestionan la efectividad de estos candados. “Cuando hay tantos diplomáticos involucrados, las líneas entre observación e injerencia se vuelven borrosas”, advierte un experto en derecho electoral bajo condición de anonimato.
La convocatoria aprobada el 13 de enero permite a estos visitantes acceder a información sensible sobre procesos federales y estatales. ¿Cómo garantiza México que estos datos no serán utilizados con fines geopolíticos? Mientras las solicitudes de acreditación continúan, una pregunta queda flotando: en la era de la diplomacia digital, ¿quién observa realmente a los observadores?
Este reportaje continúa investigando los vínculos entre algunos organismos acreditados y think tanks extranjeros con agendas democráticas cuestionables. Las próximas semanas podrían develar conexiones más complejas detrás de lo que, en superficie, parece un mero ejercicio de transparencia electoral.
