La cifra oculta: 800 mil excluidos del sistema de bienestar
Una investigación persistente revela una fractura profunda en el sistema de protección social mexicano. La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, ha desvelado una cifra que exige una mirada escrutadora: aproximadamente ochocientas mil personas con discapacidad permanecen al margen de la pensión federal que les corresponde, no por falta de recursos, sino por una decisión política de ocho entidades federativas.
El mapa de la exclusión: ¿Qué estados se resisten?
El periodismo de investigación identifica el patrón geográfico de esta omisión. Los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro se han negado, hasta ahora, a adherirse al Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad. ¿Qué motiva esta resistencia? ¿Son razones presupuestarias, ideológicas o una pugna por el control político de los programas sociales? Las declaraciones oficiales desde Palacio Nacional hablan de diálogo, pero los hechos muestran una cobertura fragmentada.
Diálogos y resistencias: El caso Durango
Un testimonio revelador emerge de las negociaciones. Fuentes dentro de la Secretaría confirmaron que el gobierno de Durango, encabezado por Esteban Villegas del PRI, planteó una postura intermedia: no sumarse a la universalidad del programa, pero sí avanzar en una parte. Este planteamiento abre más interrogantes que respuestas. ¿Significa esto una aceptación parcial de la responsabilidad? ¿O es una estrategia para diluir el impacto y el alcance del apoyo federal? La propia Montiel reconoció la limitación de este enfoque: “Nos ayudaría mucho que todos los estados se sumaran porque podríamos tener la información total del origen de la discapacidad, de los tipos más prevalentes”. Sin datos unificados, la política pública vuela a ciegas.
La consecuencia humana: Más que una cifra estadística
Tras el frío número de 800 mil personas se esconde una realidad de vulnerabilidad acrecentada. Cada uno de esos casos representa a un ciudadano o ciudadana que, además de enfrentar las barreras cotidianas de su condición, es privado de un ingreso económico básico garantizado por la ley. La investigación periodística debe preguntarse: ¿Cuál es el perfil socioeconómico de estos excluidos? ¿Cómo impacta esta falta de recursos en su acceso a salud, alimentación y movilidad? La narrativa oficial centrada en la negociación intergubernamental corre el riesgo de oscurecer el drama humano que se vive en los hogares.
Conclusión: Una cobertura que delata la fragmentación del Estado
La revelación final de este análisis es contundente. El acceso a un derecho social fundamental en México depende, críticamente, del código postal. La falta de adhesión de estos ocho estados, varios de ellos con alta capacidad económica, no es un tecnicismo administrativo; es un síntoma de la profunda fragmentación en la aplicación de las políticas de bienestar. Mientras el gobierno federal promueve la universalidad, gobiernos estatales ejercen un veto tácito, dejando a cientos de miles en un limbo. La verdad descubierta es que, más allá del discurso de la inclusión, persiste un sistema de dos velocidades donde la protección social no es un derecho ciudadano uniforme, sino un privilegio sujeto a la voluntad política local.
