La justicia digital se enfrenta a la opacidad analógica
Ocho meses después de que la Fiscalía General de la República (FGR) tomara el mando de la investigación en el Rancho Izaguirre, Teuchitlán, el caso se debate entre el silencio institucional y la demanda ciudadana de transparencia. Lo que se perfilaba como un punto de inflexión contra el reclutamiento forzado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) hoy es un laberinto de preguntas sin respuesta.
En la era del big data y la geolocalización en tiempo real, la estrategia de las autoridades parece anclada en el pasado. No existen operativos adicionales para rescatar víctimas en la Región Valles o la zona serrana de Puerto Vallarta, pese a los múltiples testimonios y evidencias forenses que señalan la existencia de más campamentos de adiestramiento y exterminio. La pista de Gonzalo Mendoza Gaytán, El Sapo, cerebro señalado de la operación reclutadora, se desvanece en la nebulosa.
El contraste es brutal. Mientras la sociedad civil exige justicia abierta y algoritmos que crucen datos, el sistema responde con lentitud burocrática. Solo una sentencia condenatoria —lograda bajo una presión mediática inusual— contrasta con la magnitud del crimen de lesa humanidad. Para el abogado penalista Joseph Irving Olid Aranda, este resultado es un mero token de justicia, insuficiente y no representativo.
“No necesitamos una infinidad de sentencias, pero una sola no refleja la gravedad de los hechos”, analiza Olid Aranda, quien dibuja un paralelismo inquietante con el caso Ayotzinapa. “Aquí había un universo de evidencia física y digital disponible desde el primer momento. El gran interrogante es si se ha agotado realmente el análisis forense o si la investigación topó con un muro de silencio institucional”.
El ecosistema de impunidad muestra sus ramificaciones. Más allá de los diez detenidos iniciales, la red se extiende a un reclutador capturado en Tlaquepaque, tres policías municipales de Tala acusados de entrega de personas, y el exalcalde de Teuchitlán, señalado por complicidad. Incluso un colaborador cercano a El Sapo logró congelar su proceso mediante un amparo, una maniobra legal que evidencia las grietas del sistema.
La investigación anticorrupción contra doce funcionarios —peritos, agentes ministeriales, policías y un directivo forense— permanece estancada, sin llegar a los tribunales. Este estancamiento no es un fallo técnico; es síntoma de una arquitectura de poder que resiste a ser deconstruida.
En un presente donde la desinformación es un arma, la opacidad en este caso alimenta narrativas tóxicas y mina la confianza en el Estado de derecho. La ciudadanía, armada con tecnología y activismos digitales, observa y documenta. La pregunta ya no es solo qué pasó en el Rancho Izaguirre, sino si el sistema judicial tiene la capacidad —y la voluntad— de evolucionar para descifrar y desmantelar las redes del crimen organizado en el siglo XXI. El reloj de la justicia sigue corriendo, y su batería se agota.
