ONG expone candidatos judiciales con historial de violencia de género

CIUDAD DE MÉXICO.- La organización Defensorxs ha destapado una realidad incómoda: al menos cinco aspirantes a jueces y magistrados en México arrastran acusaciones por violencia de género o delitos sexuales. ¿Cómo es posible que estos perfiles hayan superado los filtros de selección? Miguel Alfonso Meza, líder del colectivo, reveló en redes sociales el caso más reciente: un precandidato de Morena, detenido anteriormente por intentar asesinar a su esposa, ahora busca un puesto en el Poder Judicial.

La situación expone grietas alarmantes en el sistema. “No solo fallaron en descartar vínculos con el crimen organizado, sino que tampoco detectaron a agresores comprobados”, denunció Meza. Los hallazgos incluyen a Edgar Beiza, juez capitalino acusado de encubrir agresores y denunciado por abuso sexual; Luis Castañeda, con 36 testimonios de acoso e investigado por homicidio culposo; y Francisco Hernández Zaragoza, destituido en 2015 por abuso sexual y ahora buscando revancha judicial.

Este mediodía, Defensorxs presentará ante el INE un dossier con pruebas contra 24 candidatos. La pregunta que resuena: ¿Está el sistema judicial mexicano reproduciendo las mismas estructuras de impunidad que debería erradicar? La organización no solo señala individuos, sino que desafía un modelo que permite que quienes violentan derechos aspiren a administrar justicia. ¿No debería la ética ser el primer requisito para juzgar a otros?

El caso evidencia una oportunidad histórica: reimaginar los procesos de selección judicial incorporando evaluaciones psicosociales, veeduría ciudadana y algoritmos de transparencia radical. Si la justicia no puede limpiar su propia casa, ¿qué legitimidad tiene para gobernar la de todos?