En una investigación que desentraña los hilos ocultos del crimen organizado, un operativo coordinado de las fuerzas federales ha logrado una incautación significativa contra la infraestructura logística del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La pregunta que surge de inmediato es: ¿hasta qué punto estas células especializadas en el tráfico de armas alimentan la violencia que sacude al país?
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reveló los detalles de una operación de inteligencia que culminó con la ejecución de 16 cateos simultáneos en los estados de Jalisco, Nayarit y Estado de México. Pero, ¿qué llevó a los investigadores hasta el corazón de esta red de suministro?
Entre los 14 detenidos, la figura clave emerge: Héctor Agustín “N”, alias “El Cachorro”, identificado por las autoridades como el presunto líder de una célula dedicada exclusivamente a la adquisición, modificación y comercialización de armamento de fuego. Su captura no es un hecho aislado; es la pieza central de un rompecabezas mucho más grande. Testimonios y documentos incautados sugieren que este individuo no era un simple intermediario, sino un jefe de plaza con capacidad para abastecer a distintas facciones del propio grupo criminal.
La investigación, que combinó el análisis financiero con el trabajo de campo, permitió identificar a los principales operadores. Luis Diego Díaz Barajas y Adily Paola Cañedo Padilla manejaban los flujos de capital, el lifeblood de la operación ilícita. Mientras tanto, individuos como Javier Othón López Ornelas, alias “Jalisquillo”, y Kevin Dario Marcial Rivera se especializaban en la transacción y distribución física del arsenal. ¿Era esta una estructura autónoma o respondía directamente a los mandos superiores del CJNG?
Uno de los hallazgos más reveladores fue un inmueble habilitado como taller de armería y bodega. Allí, sujetos como Hector Alejandro Arenas Mendoza y Salvador López Rodríguez se dedicaban a la modificación y elaboración de piezas, un indicio claro de la sofisticación y la autonomía que esta red había alcanzado. El material asegurado pinta un panorama preocupante: 4 armas largas, 27 armas cortas, 4 granadas, una vasta cantidad de cartuchos, cargadores, chalecos antibalas y 7 vehículos.
La incautación de 16 propiedades vinculadas a la célula delictiva plantea otra cuestión incómoda: ¿cómo lograron adquirir y mantener semejante patrimonio inmobiliario sin levantar sospechas previas? Esto apunta a un nivel de infiltración y lavado de activos que requiere un escrutinio más profundo.
El traslado y la custodia de los detenidos contó con el apoyo de la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato, lo que demuestra el carácter interinstitucional del operativo. Sin embargo, la conclusión inevitable es que este golpe, aunque contundente, es solo una batalla en una guerra mucho más larga. La revelación final no es solo la lista de detenidos o el arsenal incautado, sino la exposición de una red altamente especializada y descentralizada que demuestra la adaptabilidad constante de estas organizaciones. La verdadera victoria será si esta información conduce a desmantelar los eslabones superiores de la cadena.
