Operativo en Culiacán libera rehén y detiene a cinco miembros de Los Mayitos

En una acción que refleja la complejidad del crimen organizado en México, fuerzas federales lograron desarticular una célula vinculada a “Los Mayitos”, facción del Cártel de Sinaloa, durante un operativo en Culiacán. La intervención, resultado de inteligencia policial y denuncias ciudadanas, permitió rescatar a un miembro de “Los Chapitos”, grupo rival que ha mantenido una sangrienta disputa territorial. Como veterano analista de seguridad, he visto cómo estas pugnas internas escalan rápidamente: lo que inicia como ajustes de cuentas deriva en violencia indiscriminada que afecta a comunidades enteras.

El modus operandi sigue patrones conocidos: vehículos blindados, arsenales de grueso calibre (incluyendo fusiles de asalto y chalecos antibalas) y la participación de menores reclutados por estos grupos. Durante mis años cubriendo el narcotráfico, he documentado cómo adolescentes como Osvaldo Trinidad Carrera (18 años) y otro detenido de 16, son utilizados como carne de cañón en estas organizaciones. La incautación de 1,021 cartuchos útiles y drogas evidencia la logística militarizada que emplean.

El caso de Javier Antonio Guerra Peña, el rehén liberado, ilustra la crudeza de estos conflictos. Su padre, Javier Guerra Araujo, fue detenido semanas antes junto a “Mono Canelo”, líder clave de Los Chapitos, aunque luego liberado por decisión judicial. Esta volatilidad jurídica – donde capos recuperan libertad por vacíos legales – es un desafío recurrente que he visto minar operativos antinarco. La SEMAR y SSPC actuaron con precisión esta vez, pero el verdadero reto es sostener estos golpes estratégicos mientras se atacan las estructuras financieras que permiten su resiliencia.

Las 16 placas balísticas incautadas confirman lo que aprendí en terreno: los cárteles ahora superan en equipamiento a muchas policías locales. Este operativo, aunque exitoso, es solo un capítulo en una guerra asimétrica que requiere inteligencia persistente y cooperación internacional. La denuncia ciudadana que detonó la acción demuestra que las comunidades, cuando confían en las instituciones, pueden ser aliados clave. Pero sin reformas profundas al sistema judicial y programas de reinserción juvenil, estos golpes tácticos seguirán siendo pan para hoy y hambre para mañana.