El asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán, el pasado 1 de noviembre de 2025, ha generado un punto de inflexión en el debate sobre seguridad nacional. Representantes de los principales partidos de oposición han articulado una demanda unificada hacia el gobierno federal para que realice una evaluación autocrítica de su estrategia de seguridad y rectifique el rumbo ante lo que califican como una crisis humanitaria.
Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del PRI, manifestó que la situación actual trasciende una simple falla en la estrategia de seguridad para convertirse en una tragedia nacional. Subrayó que la ciudadanía ha alcanzado un límite de tolerancia frente a la violencia y exigió a la presidenta Claudia Sheinbaum que defina claramente su postura: si está del lado de México o permanece alineada con la herencia política de Andrés Manuel López Obrador.
Moreno Cárdenas fue contundente al señalar una percepción generalizada de complicidad entre el partido en el poder y el crimen organizado, basándose en el caso del alcalde Manzo, quien había denunciado abiertamente a grupos delictivos y solicitado apoyo a las autoridades federales y estatales, aparentemente sin recibir la protección necesaria. 
La petición central es que la administración actual deje de lado las posturas y los mensajes tranquilizadores sin sustento y se concentre en gobernar con efectividad. 
López Rabadán hizo un llamado a la unidad y a la responsabilidad de todas las autoridades, federales, estatales y municipales, para enfrentar esta emergencia. La legisladora panista exigió justicia y un alto a la delincuencia que, afirmó, ha sido tolerada “por acción o por omisión” desde ciertas esferas del poder. Recaltó que nadie debe ser asesinado por cumplir con su deber o por defender la verdad. Como parte de una solución estructural, propuso fortalecer de manera decisiva la inteligencia financiera para cortar de raíz los flujos de recursos que alimentan al crimen organizado, y así romper lo que denominó un “pacto de impunidad” que permite a la delincuencia operar con mayor celeridad que las instituciones de justicia. 
Advirtió que el gobierno de la presidenta Sheinbaum debe asumir su parte de responsabilidad en el asesinato y en la crisis de violencia, sin atribuir toda la culpa a estrategias de seguridad de administraciones pasadas, como la del expresidente Felipe Calderón. Colosio Riojas criticó específicamente la estrategia de los últimos seis o siete años, que calificó de basada en la inacción, lo que, a su juicio, ha resultado en una escalada de violencia sin precedentes. 
El senador enfatizó que todo gobierno debe ejercer la autocrítica con humildad, entendiendo que se dirige el rumbo de una nación y no simplemente se gestiona una opinión pública favorable. Subrayó la obligación de las autoridades de ser empáticas con las víctimas y sus familias, cuyo único reclamo es justicia, seguridad y paz. En cuanto a la cooperación con Estados Unidos, Colosio Riojas se pronunció a favor de un acuerdo robusto en materia de intercambio de inteligencia, trazabilidad económica e interoperabilidad, así como en el freno al tráfico de armas hacia México.
Aclaró que existen múltiples formas de colaboración potente y contundente, como el compartir información sobre objetivos prioritarios, que no requieren de una incursión militar extranjera en territorio nacional, respetando así la soberanía mientras se acepta la ayuda indispensable para limpiar “los propios desastres”. Este conjunto de declaraciones configura un frente opositor que converge en un diagnóstico crítico: la estrategia de seguridad del gobierno federal ha fracasado en contener la violencia y proteger a los servidores públicos.
El asesinato de Carlos Manzo opera como un símbolo potente de esta falla sistémica y cataliza una demanda política unificada que exige un cambio de rumbo inmediato, basado en la autocrítica, la acción coordinada y la cooperación internacional pragmática. La presión se centra en la capacidad de la administración de Sheinbaum para reconocer los errores tácticos y estratégicos de su predecesor y en su voluntad política para implementar correcciones profundas que restauren la seguridad y la credibilidad institucional.
