ETIQUETAS: salud pública, política sanitaria, IMSS, ISSSTE, desabasto de medicamentos SUMARIO: El grupo parlamentario del PAN en el Senado impulsa una iniciativa legislativa, conocida como “Ley Reembolso”, que obligaría al IMSS y al ISSSTE a devolver el dinero a los pacientes que deban comprar sus medicamentos en farmacias privadas debido a la falta de stock en las instituciones públicas. TÍTULO: La propuesta del PAN para garantizar medicamentos: una “Ley Reembolso” ante la crisis de desabasto en el IMSS e ISSSTE
En respuesta a la persistente crisis de desabasto de medicamentos que afecta a las instituciones públicas de salud en México, la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República ha presentado una iniciativa legislativa denominada “Ley Reembolso”. Esta propuesta busca establecer un mecanismo legal que obligue al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) a reembolsar a sus derechohabientes el costo de los medicamentos que, por falta de disponibilidad, se vean forzados a adquirir en el sector privado.
El núcleo de la iniciativa es directo y pretende responder a una necesidad urgente de la población. Plantea que, cuando un paciente no pueda obtener su prescripción médica en la farmacia de la institución a la que está afiliado, tenga la posibilidad de adquirirla en una farmacia privada. Posteriormente, presentaría el comprobante de compra para que el gobierno federal, a través de la institución correspondiente, le reintegre el dinero gastado. Para dar operatividad y certidumbre al proceso, la propuesta establece plazos específicos: las instituciones dispondrían de un máximo de cinco días hábiles para gestionar la solicitud de reembolso y de diez días hábiles para efectuar el pago una vez aprobada.
El senador Agustín Dorantes Lámbarri, promotor de la iniciativa, contextualiza esta medida dentro de un escenario de restricciones presupuestarias recurrentes para el sector salud. Señala una reducción del 10% en el presupuesto desde 2024, un subejercicio del 4% en el presente año 2025 y un nuevo recorte previsto del 4.7% para 2026. Según su análisis, esta contracción financiera ha llevado al IMSS y al ISSSTE a una situación crítica, caracterizada por la escasez de insumos y la imposibilidad de brindar tratamientos oportunos, trasladando la carga económica directamente a las familias, que deben sacrificar parte de sus ingresos para cubrir necesidades médicas básicas.
La iniciativa no se limita al ámbito parlamentario, sino que se complementa con una campaña de recolección de firmas ciudadanas. Este movimiento busca respaldar la propuesta y ejercer presión social para su discusión y eventual aprobación, subrayando el carácter de urgencia que sus impulsores le atribuyen. La problemática que aborda es de larga data y se ha visto agravada, según los críticos, por las limitaciones operativas del modelo de Farmacias del Bienestar, que no ha logrado consolidarse como una alternativa de abastecimiento confiable y universal para solventar las carencias del sistema.
Desde una perspectiva técnica, la “Ley Reembolso” introduce un principio de responsabilidad financiera institucional frente al fallo en la prestación de un servicio garantizado. Su implementación supondría un cambio administrativo significativo, requiriendo la creación de protocolos claros para la validación de recetas, la verificación del desabasto y la gestión ágil de los reembolsos, con el fin de evitar burocracia que pudiera nulificar su beneficio. Asimismo, plantea interrogantes sobre el impacto fiscal, ya que transferiría parte del gasto en medicamentos al rubro de reembolsos, aunque sus proponentes argumentan que la verdadera solución de fondo radica en una asignación presupuestaria suficiente y eficaz para el abastecimiento público.
El debate trasciende lo partidista y se instala en la discusión sobre la garantía efectiva del derecho a la salud. La propuesta del PAN pone sobre la mesa un mecanismo de compensación inmediata para los usuarios, mientras se sigue buscando una solución estructural al complejo problema del desabasto. Su viabilidad y efectividad dependerán de los detalles de su redacción final, de la voluntad política para su aprobación y, crucialmente, de la capacidad del Estado para diseñar un sistema de salud resiliente y bien financiado que no dependa de medidas correctivas, sino que las prevenga.
