El Partido Acción Nacional ha presentado una iniciativa legislativa que busca transformar de manera significativa el régimen fiscal y laboral del aguinaldo en México. La propuesta, formalizada ante la Cámara de Diputados por el legislador Armando Tejeda Cid, plantea dos modificaciones sustanciales: la exención total del Impuesto Sobre la Renta para esta prestación y la ampliación de su monto base a cuarenta días de salario.
Actualmente, el marco jurídico establece que el aguinaldo está exento del ISR únicamente por un monto equivalente a treinta días de salario mínimo general vigente. Cualquier cantidad que exceda este límite queda sujeta a retenciones fiscales. El proyecto del PAN eliminaría por completo esta carga impositiva, permitiendo que los trabajadores perciban el cien por ciento de su aguinaldo sin deducciones.
Paralelamente, al extender la base de cálculo a cuarenta días de salario, se incrementaría sustancialmente el valor bruto de la prestación antes de su pago. La iniciativa propone además una modificación en el calendario de disbursement. El pago se realizaría en dos exhibiciones: la primera antes del quince de diciembre y la segunda a más tardar el quince de enero del año siguiente.
Esta calendarización busca facilitar una mejor gestión financiera para las familias, permitiéndoles cubrir los gastos asociados a las festividades de fin de año y contar con recursos adicionales durante el inicio del ciclo anual. El fundamento de la propuesta se sustenta en la naturaleza jurídica del aguinaldo. Los proponentes argumentan que esta prestación constituye un derecho laboral consolidado, no un ingreso extraordinario. Desde esta perspectiva, su gravamen representaría una doble imposición, ya que el salario regular ya ha sido sujeto a retenciones fiscales a lo largo del año.
Los legisladores panistas señalan que, desde la reforma fiscal de 2014 que eliminó la exención completa, el poder adquisitivo derivado del aguinaldo se ha erosionado significativamente, con reducciones que pueden alcanzar hasta el treinta por ciento del monto total en algunos casos. El análisis del impacto económico de esta medida sugiere efectos multiplicadores en la economía doméstica.
Al incrementar el ingreso disponible de los trabajadores durante un periodo de alto consumo, se generaría un estímulo directo a la demanda agregada. Los sectores comerciales y de servicios, particularmente aquellos vinculados al consumo familiar, podrían experimentar un repunte en sus niveles de actividad durante la temporada de fin de año y los primeros meses del siguiente ciclo.
La iniciativa requiere modificar tres ordenamientos legales fundamentales: la Ley del Impuesto Sobre la Renta, la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Este proceso legislativo implica su análisis en comisiones especializadas, donde se evaluarán sus implicaciones fiscales, laborales y presupuestales. De superar esta etapa, pasaría al pleno de la Cámara de Diputados para su discusión y eventual aprobación.
La propuesta se enmarca en un debate más amplio sobre la política fiscal y la protección del poder adquisitivo de los trabajadores. Sus defensores sostienen que la medida representa un reconocimiento tangible al esfuerzo laboral y un mecanismo efectivo para fortalecer la economía familiar. Los críticos, por su parte, podrían señalar el impacto en la recaudación fiscal y la necesidad de evaluar fuentes alternativas de financiamiento para compensar la disminución de ingresos públicos.
El destino final de esta iniciativa dependerá de los consensos que pueda generar en el Congreso, donde deberá demostrar no solo sus beneficios sociales inmediatos, sino también su viabilidad financiera y su compatibilidad con los objetivos de política económica a mediano y largo plazo. Su trayectoria legislativa será un indicador relevante de las prioridades en materia de política social y fiscal para los próximos años.
