Pequeños comerciantes rechazan impuesto a alimentos calóricos en CDMX

Pequeños comerciantes rechazan impuesto a alimentos calóricos en CDMX

Una investigación profunda revela que la iniciativa del diputado capitalino Fernando Zárate para gravar con un 4.5% los alimentos con alta densidad calórica podría tener repercusiones insospechadas en toda la cadena productiva, pero especialmente en el consumidor final. ¿Qué intereses reales se esconden detrás de esta medida fiscal?

En entrevista exclusiva, el presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), Cuauhtémoc Rivera, expresa su contundente rechazo: “Definitivamente reprobamos esta iniciativa. Resulta paradójico que provenga de un legislador que dice representar una corriente política humanista y cercana a las necesidades de los trabajadores”.

Rivera cuestiona la lógica detrás del impuesto: “Se trata de una estrategia de castigo. El diputado supone que la población tiene capacidad económica para absorber esta carga tributaria, creando un círculo vicioso donde con una mano dan apoyos sociales y con la otra los recuperan mediante este gravamen”.

La contradicción en el discurso oficial

Documentos y declaraciones analizadas revelan una inconsistencia fundamental. Mientras el diputado local de Morena reconoce que “la gente tiene muchas dificultades económicas”, simultáneamente argumenta que existen “condiciones para cobrar el impuesto”.

Rivera profundiza en esta contradicción: “La realidad económica dista mucho de ese escenario ideal que plantea el legislador. Este tributo representa un balde de agua helada para los capitalinos que ya enfrentan suficientes desafíos financieros”.

Un impuesto discriminatorio y sus verdaderos motivos

La investigación descubre que este gravamen presenta un carácter exclusivo para los habitantes de la CDMX. ¿Por qué solo los capitalinos deben cargar con esta obligación fiscal?

Testimonios recabados sugieren que la medida busca compensar supuestas deficiencias presupuestarias del gobierno local, con una meta recaudatoria de 5 mil millones de pesos. Rivera cuestiona: “¿Es esta la solución para los problemas financieros de la ciudad, castigar el consumo básico de la población?”

Las consecuencias no declaradas

Expertos consultados advierten que, en lugar de abordar problemas estructurales como la informalidad comercial, esta iniciativa podría exacerbarlos. “Mientras no existan estrategias concretas para formalizar el sector informal, medidas como esta solo profundizan la desigualdad”, explica Rivera.

La evidencia recopilada indica un patrón preocupante: se incrementa la carga fiscal para los contribuyentes formales mientras se mantienen intactos los incentivos para la economía informal. Productos básicos como dulces, papas, botanas, chocolates y helados se convertirían en artículos de lujo para las familias capitalinas.

Al conectar los puntos dispersos, surge una imagen clara: esta iniciativa no solo representa un impuesto adicional, sino una política regresiva que afecta desproporcionadamente a los sectores más vulnerables, mientras ignora soluciones estructurales a los problemas económicos de la ciudad. La verdadera pregunta que queda sobre la mesa es: ¿quién realmente se beneficia con esta medida?

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