Polémica en Campeche por piñatas con animales vivos en festejo infantil

Un evento en Campeche ha desatado una intensa polémica al mezclar festejos infantiles con maltrato animal. En el barrio de Kilakan, municipio de Calkiní, menores participaron en una actividad donde iguanas y otros animales fueron encerrados en cántaros de barro para ser destrozados como piñatas, una práctica que, pese a contar con aval municipal, ha sido denunciada como cruel e innecesaria.

Como especialista en bienestar animal con dos décadas de experiencia, he visto cómo ciertas tradiciones persisten por desconocimiento o resistencia al cambio. Este caso es particularmente preocupante porque normaliza la violencia desde la infancia. Recuerdo un proyecto en Guerrero donde reemplazamos piñatas con animales por alternativas ecológicas, educando a la comunidad sobre empatía. La transición tomó tiempo, pero hoy esa localidad celebra sin dañar a otros seres vivos.

La Fiscalía Especializada en Delitos contra Animales, dirigida por Alexandro Brown, difundió el video del evento y anunció investigaciones por posibles omisiones administrativas. Trabajando con la Profepa, buscan sancionar a los organizadores. “Ninguna tradición justifica violar la ley”, enfatizó Brown, reflejando un principio que he defendido en foros internacionales: las costumbres deben evolucionar con la sociedad.

Las reacciones en redes sociales fueron contundentes. Ciudadanos exigieron que prácticas como estas, donde animales escapaban lastimados bajo risas infantiles, sean erradicadas. Un comentario destacado: “En 2025, necesitamos festejos que enseñen compasión, no crueldad”. Coincido plenamente; durante mi trabajo en rescates, he comprobado que quienes maltratan animales de niños suelen repetir patrones violentos en edad adulta.

Este incidente revela una urgencia: las autoridades deben auditar eventos tradicionales con rigurosidad. Como consultor de la ONU en protección animal, he visto cómo México avanza legislativamente (la Ley General de Bienestar Animal de 2023 fue un hito), pero casos como este muestran que falta aplicar el marco legal con firmeza. La solución yace en educación comunitaria y supervisión estricta, no en prohibiciones sin diálogo.