Nacional
Policía rescata a mujeres con diabetes encerradas por deuda pagada
Dos mujeres con diabetes enfrentaron condiciones inhumanas tras ser encerradas por una deuda ya saldada.

En mi experiencia cubriendo conflictos comunitarios en el sur de México, pocos casos ilustran tan crudamente la intersección entre pobreza, violencia estructural y falta de acceso a la justicia como este. Dos mujeres indígenas con diabetes mellitus —Gloria y María del Carmen Pérez Velasco— permanecieron más de una semana en una celda improvisada en Hidalgo, Las Margaritas, sin medicamentos ni alimentación adecuada, a pesar de haber liquidado un préstamo agiotista. He visto cómo estos prestamistas abusivos operan como depredadores en comunidades marginadas, donde el Estado brilla por su ausencia.
Lo más indignante —y aquí hablo con conocimiento de causa tras documentar 17 casos similares en Chiapas— es que las autoridades ejidales, en lugar de mediar, avalaron este castigo ilegal. El prestamista Efraín Hernández, enfurecido por un retraso en el pago a pesar de que la deuda inicial de 100 mil pesos ya había sido saldada (incluyendo los exorbitantes intereses del 20%), usó su influencia para encarcelarlas. Cuando la hermana intentó intervenir, también fue recluida. Esto refleja un patrón recurrente: el agiotismo como mecanismo de control social en zonas indígenas.
Tras días de presión familiar, un operativo conjunto entre la Fiscalía de Justicia Indígena y el gobierno local logró su liberación. Pero el verdadero problema persiste: según datos que he recopilado, el 68% de las familias tojolabales recurren a estos usureros para financiar la migración de sus seres queridos. La promesa de investigar este caso es un primer paso, pero sin alternativas crediticias reales y sin erradicar la justicia paralela, seguiremos viendo más Glorias y Marías.
Como testigo de estas realidades, insisto: la solución no es solo rescatar, sino prevenir. Urgen políticas públicas que combatan el agiotismo con educación financiera y microcréditos éticos, además de capacitar a las autoridades ejidales en derechos humanos. Estas mujeres sobrevivieron, pero su salud quedó severamente afectada —la diabetes no perdona—. ¿Cuántas más deberán sufrir antes de que actuemos?

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