Policías convertidos en verdugos extorsionan a transportistas en Veracruz

En un escenario que desafía la noción misma de seguridad pública, agentes estatales en Veracruz han transformado sus uniformes en herramientas de terror, exigiendo a transportistas pagos ilegales de hasta 30 mil pesos bajo amenazas de violencia física y falsas incriminaciones. Este sistema de extorsión, que opera con la frialdad de un negocio criminal, incluye golpizas, detenciones arbitrarias y la siembra de evidencias falsas.

El pasado 7 de julio, un grupo de ministeriales estatales, presuntamente vinculados a la Mafia Veracruzana, estableció un retén ilegal en el kilómetro 17 de la carretera Puebla-Cosamaloapan. Allí, camiones de carga y pasajeros eran detenidos, mientras los conductores eran arrastrados a una construcción abandonada para “negociar” su libertad o sufrir brutales palizas como advertencia.

Este modus operandi no es aislado. La Mafia Veracruzana, una red que entrelaza crimen organizado y corrupción gubernamental, ya había mostrado su brutalidad con el asesinato de Irma Hernández, una taxista de 62 años que se negó a pagar “derecho de piso”. Su caso fue convertido en un macabro mensaje para disuadir a otros de resistirse.

Testimonios recabados revelan que policías estatales y municipales operan redes sistemáticas de extorsión en regiones como Coatzacoalcos, Xalapa y Orizaba, usando retenes legales como fachada para sus actividades ilícitas. Las víctimas relatan cómo los uniformados siembran drogas o armas para justificar detenciones y exigir rescates.

“Te dicen que tienes que pagar 30 mil pesos para dejarte ir. Si no, te rompen tu madre ahí mismo. Amenazan con sembrarte pruebas falsas. No hay escapatoria”, declaró un transportista golpeado en La Tinaja.

La respuesta institucional ha sido tan preocupante como el crimen mismo. La gobernadora Rocío Nahle atribuyó la muerte de Hernández a un “infarto por estrés”, ignorando las evidentes señales de violencia y sin presentar documentación forense que respaldara su versión. Mientras tanto, la Fiscalía estatal anunció la detención de tres presuntos implicados en el secuestro, dejando sin abordar el trasfondo estructural de corrupción que permite estas prácticas.

Este escenario plantea una pregunta incómoda: ¿En qué momento las instituciones diseñadas para proteger a los ciudadanos se convirtieron en instrumentos de su victimización? La situación en Veracruz no es simplemente un caso de corrupción aislada, sino la manifestación de un sistema donde las líneas entre el crimen organizado y el aparato estatal se han difuminado hasta desaparecer.