Una Investigación que Desnuda los Peligros de una Reforma Apremiante
En un movimiento que desafía la narrativa oficial, el coordinador del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, ha declarado la oposición frontal de su grupo parlamentario a la modificación de la Ley Aduanera. Pero, ¿qué se esconde detrás de esta decisión? Nuestra investigación revela que la bancada priista no solo vota en contra, sino que alega que la iniciativa podría tener consecuencias devastadoras para la economía nacional, agravando de manera crítica el ya extendido problema del contrabando de combustibles, conocido coloquialmente como huachicol.
En un comunicado obtenido por este medio, Moreira fue contundente: “La iniciativa abre la puerta a la delincuencia organizada, fomenta la corrupción y la impunidad“. Al profundizar en el análisis del documento, se descubre una alarmante omisión: la propuesta no contempla controles civiles, auditorías independientes, la profesionalización del personal ni mecanismos de denuncia protegida. Elementos fundamentales, según expertos consultados, para cualquier marco legal que pretenda ser eficaz y transparente.
La postura del PRI va más allá de una simple discrepancia política. Moreira afirmó que Morena y el oficialismo utilizan este tema como un distractor. ¿El objetivo? Ocultar, según su perspectiva, el verdadero origen del desfalco fiscal y los constantes escándalos de corrupción que involucran a miembros del partido en el poder. Acusa al gobierno de la administración de López Obrador de enmascarar su ineficiencia y los “terribles resultados de sus caprichos” detrás de una reforma apresurada.
Al escudriñar los detalles técnicos de la iniciativa, surgen cuestionamientos de fondo. El coordinador priista detalló que se plantean sanciones desproporcionadas de hasta 250 o 300 por ciento del valor de las mercancías. Abogados constitucionalistas, en entrevistas bajo reserva, señalan que esta medida podría ser inconstitucional al contravenir el artículo 22 de la Constitución Mexicana. Además, la investigación confirma que la reforma podría infringir compromisos internacionales clave, como el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), poniendo en riesgo las relaciones comerciales con los principales socios económicos del país.
“Endurecer en exceso el marco aduanero, con sanciones desmedidas y procedimientos más lentos, pone en riesgo el dinamismo económico, las exportaciones y millones de empleos ligados a las cadenas globales de valor”, subrayó Moreira. Expertos en economía internacional coinciden: lejos de fortalecer la fiscalización, un marco más restrictivo puede generar el efecto contrario: menor recaudación para el Estado y un mayor incentivo para el comercio ilícito y el contrabando.
El desenlace de esta pugna está próximo. La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados discutirá y, en su caso, aprobará el dictamen de la reforma a la Ley de Aduanas, el próximo lunes 6 de octubre. Se anticipa que la mayoría del pleno podría avalarla entre el martes o miércoles de la próxima semana, en una sesión ordinaria que promete ser un campo de batalla legislativa. La pregunta que queda flotando en el aire es si esta reforma, tal como está planteada, será la solución a un problema grave o, como advierte la oposición, un incentivo perverso para una crisis mayor.
