Un acuerdo para producir vacunas de ARN mensajero en México con la farmacéutica Moderna acaba de firmarse. Pero ese no es el único titular. En medio del anuncio, la presidenta Claudia Sheinbaum soltó una bomba sobre el proyecto bandera de soberanía sanitaria.
Sheinbaum admitió, casi de pasada, que la vacuna ‘Patria’ tuvo “algunos problemas para su producción”. La frase, dicha en su conferencia mañanera, abre más preguntas que respuestas. ¿Qué clase de problemas? ¿Técnicos? ¿Logísticos? ¿Financieros?
“Y también está el tema del desarrollo de Patria que tuvo algunos problemas para su producción, entonces se está revisando eso”, dijo la mandataria.
La declaración contrasta fuertemente con las promesas originales. Recordemos: en febrero de 2021, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que México tendría su propia vacuna contra el COVID-19. El proyecto quedó a cargo del Conahcyt, liderado por María Elena Álvarez-Buylla.
Sin embargo, la realidad investigada pinta otro cuadro. A pesar del tiempo transcurrido, hasta octubre del año pasado la ‘Patria’ no contaba con registro sanitario ante la Cofepris. Ese es un dato crucial y público.
El propio secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, reconoció en su momento que la vacuna trataba de pasar las pruebas necesarias ante el regulador. Ese “trataba” suena a un proceso estancado o lleno de obstáculos.
Mientras el desarrollo nacional se atasca, el gobierno gira hacia socios externos. Sheinbaum mencionó compras a Moderna y “otras empresas”. Esto plantea una pregunta incómoda: ¿el acuerdo con Moderna es un plan B para cubrir el vacío que dejó el fracaso parcial de ‘Patria’?
La narrativa oficial hablaba de autosuficiencia. Los hechos revelan una dependencia que se mantiene. La firma con una gigante extranjera puede ser pragmática, pero también es la prueba documental de que el proyecto emblemático no rindió los frutos esperados a tiempo.
La conclusión es clara: tras años de promesas, la vacuna mexicana sigue siendo más un símbolo político que una realidad médica disponible para los ciudadanos. La soberanía sanitaria prometida aún está en fase de revisión.
