La cruda realidad del tráfico de especies: una lección desde el frente de batalla
Después de años trabajando en la protección ambiental, creía haberlo visto todo. Pero el caso que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) presentó ante la Fiscalía General de la República me demostró lo ingenioso que puede ser el crimen organizado contra nuestra biodiversidad. El pasado 12 de noviembre, en el aeropuerto de Tijuana, Baja California, descubrimos 774 tortugas traficadas bajo la fachada de cosméticos, un método que aunque parece novedoso, responde a la misma avaricia de siempre.
Recuerdo un caso similar hace una década, mucho menos sofisticado. Hoy, los traficantes han perfeccionado sus métodos: envolvieron a estos quelonios en calcetines y los escondieron dentro de cajas de plástico que a su vez viajaban en nueve cajas de cartón etiquetadas como “productos de belleza”. La lección es clara: nuestro trabajo de inteligencia debe evolucionar al mismo ritmo que sus tácticas. Utilizaron una empresa comercial de paquetería, aprovechando los volúmenes de envío para pasar desapercibidos.
El daño comienza mucho antes del descubrimiento
He aprendido que el delito contra la biodiversidad y el daño ambiental no se configuran solamente cuando interceptamos el cargamento. Comienza desde el momento mismo de la extracción de su medio natural. Estas tortugas – especies Kinosternon como la cora, acutum, cruentatum, integrum y oaxacae – fueron arrancadas de su hábitat, transportadas y manipuladas clandestinamente. Tres de ellas figuran en la NOM-059-SEMARNAT-2010 como sujetas a protección especial.
En mi experiencia, cada hora que pasan en condiciones inadecuadas reduce drásticamente sus posibilidades de supervivencia, incluso después del rescate. El transporte negligente y la ausencia de documentación no son simples irregularidades administrativas: son actos que alteran irreversiblemente la integridad de estos seres vivos. Por eso la Profepa solicitará la reparación y compensación del daño ambiental, tal como lo establece el artículo 3 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.
La coordinación interinstitucional marca la diferencia
El rescate del 12 de noviembre no fue casualidad. Fue el resultado de elementos de la Procuraduría y la Guardia Nacional que identificaron anomalías durante la inspección rutinaria del área de paquetería. He visto cómo estos procedimientos, aparentemente monótonos, son nuestra primera línea de defensa. Los animales habían sido trasladados desde el Estado de México hacia Tijuana, probablemente para su posterior traslado internacional.
La Profepa actuó como representante legal de las víctimas – sí, estas tortugas son consideradas víctimas – y como coadyuvante en la integración de la carpeta de investigación. Este enfoque es crucial: entender que el intento de traficar ilegalmente estos ejemplares constituye un delito contra la biodiversidad, previsto y sancionado por el Código Penal Federal. No es una falta menor, es un crimen que afecta nuestro patrimonio natural colectivo.
Después de tantos años en este campo, casos como este me recuerdan que nuestra lucha no es solo contra traficantes, sino contra la indiferencia. Cada tortuga rescatada representa una batalla ganada, pero la guerra por nuestra biodiversidad continúa.
