Profepa documenta 200 casos de devastación ambiental en Yucatán

Durante mis años colaborando con organismos ambientales en la Península de Yucatán, pocas veces había visto una concentración tan preocupante de agresiones ecológicas como la reportada este semestre. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha iniciado 200 investigaciones por delitos contra los ecosistemas locales, una cifra que debería encender todas las alarmas.

Recuerdo especialmente un caso en Tekax donde, hace una década, logramos frenar a tiempo un desmonte ilegal. Hoy, según el delegado José Alberto González Medina, se repiten patrones destructivos: tala clandestina, eliminación de manglares -esos guardianes costeros que tanto nos costó reforestar-, y urbanizaciones irregulares que recuerdan el desastre de Holbox en 2018.

La situación en la Reserva Biocultural del Puuc me duele particularmente. Allí trabajamos durante años estableciendo corredores biológicos, solo para ver ahora cómo en Nohalal se vulneran esas protecciones. Los seis expedientes abiertos en la zona demuestran que los mecanismos de vigilancia siguen siendo insuficientes.

El caso de Sisal es paradigmático: dos detenidos por destruir cinco hectáreas de dunas, un ecosistema que tarda décadas en recuperarse. En mi experiencia, estas sanciones penales son necesarias pero no suficientes. La verdadera lección aprendida es que sin programas de restauración ecológica continuos -como los que implementamos en Celestún tras el huracán Gilberto- los daños son irreversibles.

Lo más preocupante es que estos 200 casos probablemente representan solo la punta del iceberg. Como me enseñaron los veteranos guardabosques mayas: cuando ves un delito ambiental registrado, hay tres que pasaron desapercibidos. Urge fortalecer la inteligencia ambiental y los sistemas de denuncia ciudadana que tanto éxito tuvieron en Quintana Roo.