La justicia ambiental actúa: Profepa impone sanciones al Acuario de Veracruz
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha aplicado sanciones administrativas contra el Acuario de Veracruz tras evidenciarse el maltrato sistemático de delfines y lobos marinos. La investigación confirmó que el personal del recinto sometió a estos seres sintientes a malos tratos para obligarlos a participar en espectáculos públicos, determinando que los cetáceos y pinnípedos “fueron sometidos y forzados” a realizar actuaciones.
El Acuerdo Resolutivo del expediente PPFA/36.3/3S.6/0115-24, al que tuvo acceso EL UNIVERSAL, establece que la dependencia dirigida por Mariana Boy Tamborrell verificó la existencia de maltrato al constatar que los ejemplares eran forzados a ejecutar actos como “maromas, bailes y saltos”, vulnerando gravemente su bienestar etológico.
Estas prácticas constituyen una violación flagrante a la Ley General de Vida Silvestre (LGVS), que desde 2023 prohíbe terminantemente en todo el territorio nacional la realización de espectáculos, entrenamientos o presentaciones públicas con delfines, lobos marinos, focas o manatíes. La normativa solo autoriza su mantenimiento y manejo con fines educativos o de conservación, previa autorización expresa de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
El detonante: Activismo digital y accountability ambiental
La resolución sancionatoria emitida el pasado 24 de septiembre responde a una denuncia interpuesta por el activista ambiental José González Martínez, presidente de la Asociación Veracruzana para la Conciencia Ambiental. El caso ejemplifica el poder del activismo digital combinado con la acción legal.
En declaraciones exclusivas, González Martínez explicó que la resolución de Profepa constituye el reconocimiento oficial del maltrato que documentó mediante material audiovisual y reportes técnicos entregados a las autoridades federales. Hace un año, el ambientalista utilizó plataformas digitales y redes sociales para denunciar públicamente que el gobierno estatal había reactivado los espectáculos con delfines y construido un “lobario”, infraestructura expresamente prohibida por la LGVS.
Esta documentación ciudadana derivó en una inspección in situ por parte de la Oficina de Representación de Protección Ambiental y Gestión Territorial de Profepa en Veracruz, que concluyó con la confirmación de maltrato animal y la emisión de una resolución sancionatoria histórica.
Un paradigma en la conservación marina
González Martínez calificó la resolución federal como una victoria trascendental para la defensa de la fauna marina y un precedente fundamental en la evolución hacia modelos de conservación éticos y sostenibles, donde los santuarios marinos reemplacen los obsoletos modelos de entretenimiento con especies silvestres.
En respuesta a consultas de EL UNIVERSAL sobre las sanciones específicas aplicables al Acuario de Veracruz, la dependencia aclaró que estas “aún no se definen” completamente, ya que existen otros procedimientos administrativos en curso dentro del mismo establecimiento. Este caso sienta un precedente crucial en la aplicación de la legislación de bienestar animal en la era del activismo digital y la creciente conciencia ecológica global.
