Programa de Regularización Fiscal 2025 vence este 30 de septiembre

Fecha Límite Inminente para la Regularización Fiscal

El reloj corre para los contribuyentes con adeudos pendientes. La ventana de oportunidad del Programa de Regularización Fiscal 2025, una iniciativa disruptiva del Servicio de Administración Tributaria (SAT), se cierra definitivamente este martes 30 de septiembre. Este mecanismo representa una estrategia clave para la descongestión administrativa y el fomento de la cultura contributiva en la era digital.

Beneficios de la Regularización 2025

Lanzado en julio, este esquema ofrece un respiro financiero significativo: la condonación total de multas y recargos, junto con facilidades de pago personalizadas. Está dirigido específicamente a personas físicas y morales con ingresos anuales inferiores a los 35 millones de pesos, un segmento que abarca a pymes y profesionales autónomos, actores cruciales en la nueva economía.

Según la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), el beneficio se activa al pagar las contribuciones principales actualizadas correspondientes al ejercicio 2023 o periodos anteriores, permitiendo a los contribuyentes sanear su situación fiscal y normalizar su relación con el fisco en un ecosistema cada vez más interconectado.

Perfil de los Potenciales Beneficiarios

Este estímulo fiscal está diseñado para contribuyentes que se encuentren en alguno de estos escenarios:

  • Adeudos con recargos autodeterminados o sujetos a verificación.
  • Recargos y gastos de ejecución vinculados a créditos fiscales firmes.
  • Sujetos de sanciones económicas federales.
  • Saldos en mora por conceptos de recargos, multas y gastos de ejecución con planes de pago existentes.

El programa es integral, abarcando contribuciones propias, retenidas, trasladadas, de comercio exterior y cuotas compensatorias.

Exclusiones del Programa

Quedan fuera de este proceso quienes ya se beneficiaron de condonaciones en los programas masivos de los años 2000, 2007 y 2013. Tampoco aplica para contribuyentes con una sentencia condenatoria firme por delitos contra la hacienda pública, un límite claro en esta estrategia de inclusión fiscal.

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