Un legislador impulsa un cambio radical en la relación banca-cliente
En un movimiento que desafía las prácticas tradicionales del sector, el diputado Francisco Adrián Castillo Morales presenta una iniciativa para reformar la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. Su objetivo es claro: eliminar los cargos que las instituciones bancarias imponen por la emisión de un plástico sustituto tras un robo o una extorsión, alineando la normativa con una visión de justicia financiera y protección real al consumidor.
¿En qué consiste esta propuesta disruptiva?
El proyecto legislativo introduce un principio de responsabilidad social corporativa. Establece que la exención del pago será aplicable una vez que el cliente acredite el ilícito mediante la presentación de la acta oficial ante el ministerio público. La medida cubriría escenarios críticos de la vida urbana actual: asaltos a peatones, hurtos en el domicilio, en el transporte colectivo o incluso ataques directos a una sucursal financiera.
El camino hacia su posible implementación
Esta iniciativa, que prioriza la seguridad económica de las personas en la era digital, fue canalizada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados. Allí se someterá a un escrutinio técnico y a un proceso de dictaminación, donde se evaluará su viabilidad y su impacto en el ecosistema fintech y bancario tradicional.
