La Pugna Tras el Fracaso de una Reforma Clave
Una iniciativa prometedora para blindar el presupuesto de seguridad nacional yace descartada en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. ¿Qué impidió su avance? La investigación revela no solo un choque partidista, sino una compleja red de acuerdos incumplidos y definiciones jurídicas que dejan al descubierto las grietas en la financiación de la seguridad del país.
El diputado priista Jericó Abramo Masso, autor de la propuesta, presentó el pasado 9 de abril un proyecto para reformar el artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto. Su objetivo era claro: prohibir por ley cualquier reducción a las erogaciones destinadas a la seguridad. Sin embargo, lo que parecía una medida de consenso se topó con una petición inesperada.
Documentos y la crónica de la sesión ordinaria revelan que, a petición expresa de la morenista Merilyn Gómez, presidenta de la Comisión, Abramo Masso retiró temporalmente su iniciativa. ¿Fue esta una estrategia dilatoria? El legislador del PRI accedió a modificar su propuesta inicial, eliminando una reforma paralela al artículo 23 que, según le argumentaron, comprometía el esquema jurídico vigente.
“Los acuerdos son para honrarse”, declaró Abramo Masso durante el debate, interpelando directamente a Gómez. “¿Me solicitó usted el 9 de abril a la 1:25 de la tarde retirar la iniciativa? Cumplí un acuerdo que usted me solicitó”. Su testimonio apunta a una negociación que, asegura, no fue respetada.
Frente a las cámaras, la diputada Gómez negó cualquier compromiso formal. “Por supuesto que sí le pedí que retirara su dictamen, pero… yo jamás le dije que en esos términos se iba a aprobar”. Esta contradicción en testimonios plantea una pregunta crucial: ¿se utilizaron tácticas procedurales para enterrar una iniciativa inconveniente?
Los argumentos técnicos esgrimidos por la mayoría morenista señalan que el término “seguridad” es demasiado genérico. El Centro de Finanzas Públicas recomendó emplear “seguridad nacional” para mayor precisión. Abramo Masso se mostró flexible, incluso proponiendo aprobar el proyecto y modificar la redacción en el pleno mediante una reserva. La propuesta fue denegada.
¿Existe realmente un riesgo de recortes? El legislador tricolor presentó datos contundentes: entre 2020 y 2025, el presupuesto del sector ha registrado un incremento acumulado del 64%. Su argumento trascendía la coyuntura actual. “Estamos hablando de algo que se garantice en ley para que mañana… no se ponga en riesgo el presupuesto de la seguridad”, afirmó, subrayando la necesidad de una política de Estado que sobreviva a los cambios de administración.
El desenlace fue predecible, pero no por ello menos revelador. Con 41 votos a favor y 12 en contra, la Comisión rechazó el dictamen. Este episodio deja al descubierto más que una mera disputa política; evidencia la falta de consenso para proteger financieramente la seguridad ciudadana y plantea un inquietante interrogante: ¿por qué rechazar una medida que pretende evitar el desfinanciamiento de una área tan crítica para el futuro de México?
