Redada en penal de Puebla confirma red de extorsión

Una exhaustiva investigación periodística ha logrado acceder a los informes oficiales que detallan el sorprendente botín decomisado durante un cateo realizado en el Centro de Readaptación Social de San Miguel, en Puebla. Pero, ¿qué revelan estos objetos realmente sobre la vida al interior de los muros?

Los documentos, obtenidos por este medio, enumeran un arsenal de 77 objetos punzocortantes, 43 teléfonos móviles, 36 bocinas, 32 pipas para consumo de drogas, más de 160 accesorios para celulares, presunta marihuana, papel para enrollar cigarrillos y latas de gas butano. La pregunta obligada es: ¿cómo ingresa tal cantidad de material prohibido a una instalación de máxima seguridad?

El operativo no fue una acción aislada. Fuentes dentro de la Secretaría de Seguridad Pública confirmaron, bajo condición de anonimato, que fue una respuesta directa a las vehementes denuncias públicas de familiares de internos. A principios de agosto, estos relatives tomaron el Periférico Ecológico con pancartas, exponiendo un sistema de terror orquestado por un reo identificado como “Ernesto”, quien supuestamente controla el penal, imponiendo cobro de piso y amenazando tanto a reclusos como a sus familias.

La participación de un grupo tan diverso de fuerzas—desde la Unidad Cinotáctica K9 y Policía Estatal Custodio hasta el Grupo Antidisturbios y, de manera crucial, personal de la Secretaría de Marina (SEMAR)—sugiere un reconocimiento tácito por parte del Estado de la gravedad del problema y la posible complicidad o incapacidad de los custodios ordinarios. ¿Se necesitó de marinos para asegurar que el operativo no fuera saboteado desde dentro?

La evidencia confiscada pinta un cuadro escalofriante: los teléfonos son las herramientas de extorsión, las bocinas y accesorios de lujo son símbolos de un poder económico ilícito, y las armas y drogas son los instrumentos de control y sometimiento. Este hallazgo valida dramáticamente los testimonios de las familias, transformando sus acusaciones en hechos verificables.

La conclusión es ineludible. Este cateo no solo decomisó objetos; expuso la existencia de un gobierno paralelo y delictivo dentro del penal de San Miguel. La verdadera investigación, que debe indagar en las redes de complicidad que permitieron este feudo, apenas comienza. Las autoridades tienen ahora la responsabilidad de ir más allá de los objetos incautados y desmantelar por fin la estructura criminal que opera tras las rejas.