La maternidad infantil persiste en Tamaulipas como un problema social de gran envergadura. Durante el año pasado, 130 niñas con edades comprendidas entre los 10 y los 14 años se convirtieron en madres, una cifra que apenas refleja una disminución de cuatro casos respecto al año anterior. Esta situación alerta a especialistas sobre la necesidad urgente de investigar las causas subyacentes, ya que en la mayoría de estos eventos tempranos podría esconderse un delito de violación sexual.
El total de nacimientos registrados en los que la madre era una menor de edad ascendió a 1,954 en 2024. Esta cifra se traduce en una tasa de 8.2 nacimientos por cada mil mujeres de 10 a 17 años. Un análisis detallado de estos datos revela que la mayoría de estos partos, 929, correspondieron a jóvenes de 17 años; 595 a adolescentes de 16; 300 a menores de 15; y los 130 casos restantes, los más preocupantes, a niñas del grupo de 10 a 14 años.
Gabriela Ibarra Lozano, quien se desempeñó como procuradora del DIF en Altamira, sostiene que el abuso sexual está detrás de la inmensa mayoría de estos embarazos infantiles. Subraya la imperiosa necesidad de que cada caso sea investigado con rigor y que, bajo ninguna circunstancia, se normalice o tolere esta realidad. Lamenta profundamente que, por lo general, estas situaciones estén rodeadas de un silencio cómplice que perpetúa la impunidad. “La maternidad en niñas visibiliza violencia sexual al interior de los hogares, más que vida en pareja a temprana edad, es un reflejo de graves violaciones a los derechos humanos de las menores y son casos que deben ser sujetos de una investigación a fondo, en Altamira hemos tenido casos de violación sexual y muchas veces se ocultan, hay un silencio cómplice”.
Desde la perspectiva médica, la doctora Carmen Saldívar, especialista en medicina familiar, advierte sobre el severo impacto que un embarazo y parto tienen en la salud física y psicológica de una niña. Las complicaciones físicas son significativamente mayores que en mujeres adultas. “Tienen mayor riesgo de eclampsia (convulsiones), endometritis puerperal e infecciones sistémicas, mientras sus bebés presentan un mayor riesgo de bajo peso al nacer, o puede ser prematuro, y presentar una afección neonatal grave”.
En el ámbito emocional, las consecuencias son igualmente devastadoras. La doctora Saldívar agrega que la menor suele desarrollar baja autoestima, ansiedad, depresión, estrés y diversos trastornos de conducta. “Se interrumpe su infancia o adolescencia de manera abrupta, se ve obligada a abandonar la escuela, y muestra sentimientos de culpa, miedo y frustración, afectándose mucho su salud mental”. Este cuadro no solo truncas su desarrollo personal, sino que limita drásticamente sus oportunidades futuras.
La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) ha demandado la implementación de políticas públicas efectivas para combatir este problema, que considera un reflejo de una falla estructural del sistema. La organización hace un llamado a reconocer los vacíos institucionales existentes para prevenir y atender el embarazo infantil y adolescente, con especial énfasis en los sectores sociales más vulnerables, donde la incidencia suele ser mayor.
Frente a esta crisis, la Secretaría de Salud de Tamaulipas informó que se ha creado el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo Adolescente. Este mecanismo tiene como objetivo coordinar acciones interinstitucionales para abordar el problema de manera integral, aunque los resultados concretos de esta iniciativa aún están por evaluarse.
En un contexto relacionado con la salud materna, pero en un plano muy diferente, se encuentra la labor de las parteras tradicionales en el estado. Durante 2024, estas mujeres atendieron 85 partos, principalmente en municipios con menor acceso a servicios médicos urbanos. Sin embargo, su participación va en descenso. Mientras que en 2023 atendieron 114 alumbramientos, el año pasado la cifra cayó a 85, lo que representa un decremento del 25.4%.
La doctora Saldívar también señala los desafíos que enfrentan estas parteras. Argumenta que, si contaran con mejores condiciones y reconocimiento formal para realizar su trabajo, podrían contribuir de manera más significativa a reducir la mortalidad materna en zonas de difícil acceso. A nivel nacional, entidades como Chiapas, con 2,737 parteras registradas en el programa IMSS-Bienestar, Veracruz con 1,144, y Puebla con 692, muestran una integración mucho más robusta de esta figura. En contraste, Tamaulipas cuenta con apenas 23 parteras inscritas.
Un avance significativo en este sentido se dio el pasado 4 de marzo, cuando la Secretaría de Salud federal, a través de sus subsecretarías, publicó la Norma Oficial Mexicana NOM-020-SSA-2025. Esta normativa reconoce formalmente la práctica de la partería dentro del Sistema Nacional de Salud, un paso crucial para regular y potencialmente fortalecer este ancestral oficio en beneficio de la salud pública.
