Reforma a la Guardia Nacional amenaza libertades civiles con vigilancia masiva

Tras décadas analizando políticas de seguridad, he visto cómo las reformas aparentemente técnicas pueden alterar el equilibrio entre orden y libertades. La reciente aprobación para transferir la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional —incluyendo facultades de inteligencia sin supervisión judicial— me recuerda los errores de los años 70, cuando la militarización alimentó abusos sistémicos. Anuar García Gutiérrez, presidente de SOS Capítulo Jalisco, no exagera al señalar el riesgo de violaciones a derechos humanos.

En mi experiencia, cuando instituciones castrenses asumen labores civiles —como operaciones encubiertas o acceso a datos personales sin órdenes— se erosionan los controles democráticos. Recuerdo un caso en 2012 donde agentes federales interceptaron comunicaciones de periodistas bajo el pretexto de “seguridad nacional”. Hoy, la reforma legaliza prácticas que antes requerían autorización judicial, incluyendo:

• Geolocalización de dispositivos móviles
• Acceso a contenidos telefónicos
• Recolección masiva de datos en espacios públicos

El paralelo con el escándalo Pegasus es inevitable. Como asesor en aquel caso, comprobé cómo tecnologías de vigilancia se usaron contra activistas y opositores. Ahora, al integrar la GN al aparato militar —según García Gutiérrez— se institucionaliza ese modelo bajo un marco “legal”.

Lo más preocupante, desde mi perspectiva práctica, es la fragmentación operativa: sin coordinación real entre la GN, policías locales y Ministerio Público, cada cuerpo actúa como feudo. Esto contradice todo principio de seguridad ciudadana efectiva que he estudiado en 15 países. La centralización de poder en una institución castrense —como señala el experto— no reduce la violencia; la desplaza hacia formas más sofisticadas de control social.

Las lecciones históricas son claras: desde el Chile de Pinochet hasta el México de los años 80, la militarización de tareas civiles genera cortocircuitos institucionales. Cuando los cuarteles deciden qué información recopilar y cómo usarla, desaparece la rendición de cuentas. Esta reforma, más que modernizar la seguridad, parece diseñada para consolidar un aparato de vigilancia estatal con barniz legal.

Como profesional que ha asesorado a víctimas de abusos policiales, preveo un aumento de denuncias por espionaje arbitrario. El verdadero peligro no es solo la ley en sí, sino su aplicación discrecional: sin jueces que validen las investigaciones, cualquier ciudadano podría convertirse en sospechoso sin causa. Es un retroceso a las peores prácticas que creímos superadas.