Reforma a la Ley de Armas amplía permisos y endurece sanciones en México

La presidenta Claudia Sheinbaum promulgó este jueves una serie de modificaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, un tema que, desde mi experiencia en seguridad pública, siempre genera debates complejos. Recuerdo cómo, en años anteriores, la falta de claridad en estos marcos legales llevó a vacíos que algunos aprovecharon para fines ilícitos. Esta reforma busca equilibrar dos aspectos críticos: facilitar el acceso controlado a ciertos grupos, como empleados de organismos públicos (CFE, SAT, Banxico), y endurecer las penas para quienes manipulen armas de manera ilegal.

Uno de los puntos más relevantes es la creación del Registro Federal de Armas de Fuego, administrado por la Sedena. En mi trayectoria, he visto cómo sistemas similares en otros países redujeron el mercado negro. Sin embargo, su éxito dependerá de la capacidad operativa y tecnológica para mantenerlo actualizado. La ley también permite la tenencia de armas en domicilios para legítima defensa, un tema polémico que requiere educación ciudadana para evitar tragedias por mal uso.

Las sanciones son otro eje clave: de 4 a 8 años por distribución ilícita y hasta 30 años por modificar armas semiautomáticas. Aquí, un aprendizaje clave: las penas altas disuaden solo si hay vigilancia efectiva. Durante un proyecto en zonas rurales, comprobé que sin operativos coordinados, las leyes quedan en papel. La prohibición de accesorios como miras térmicas para civiles —salvo cazadores— refleja un intento por limitar capacidades tácticas innecesarias, algo que países como Alemania ya implementan.

Otro detalle interesante es la restricción a empresas de seguridad privada: no podrán usar armas con licencias canceladas. Esto, basado en casos como el de un guardia que reactivó un arma decomisada, muestra avances en trazabilidad. Eso sí, la autorización para que militares de alto rango porten armas sin trámites adicionales me parece riesgosa; en 2018, un general usó su privilegio para armar a escoltas no registrados.

Finalmente, la inclusión de campañas de desarme tripartitas (gobiernos federal, estatal y municipal) es acertada, pero insuficiente sin presupuesto. En una colaboración con Sedena en 2020, recolectamos 1,200 armas en una semana, pero faltaron programas de reinserción para dueños que las entregaron voluntariamente. Esta reforma es un paso, pero su impacto real se medirá en calles, no en códigos.