Senadores y juristas especializados han señalado que las reformas a la Ley de Amparo, enviadas al Ejecutivo para su promulgación, representan uno de los retrocesos más severos en la protección de las personas. Esta modificación se caracteriza por la celeridad y la falta de rigor legislativo en el Senado, donde se avalaron cambios que enmascaran la retroactividad mediante un procedimiento acelerado.
Pablo Andrei Zamudio Díaz, constitucionalista, manifestó que para validar esta reforma se ejecutó un proceso legislativo exprés, carente de una deliberación sustancial y marcado por una premura política que ignora la complejidad del asunto.
En declaraciones dentro del recinto del Senado, afirmó que la bancada mayoritaria de Morena, entre otras disposiciones igual de relevantes y alarmantes, optó por “aclarar” el concepto de interés legítimo, cuando en realidad lo está limitando, desmantelando con ello un avance que tardó décadas en construirse dentro del marco legal.
Alertó que la enmienda en materia de amparo no solo degrada la técnica legislativa, sino que pone en riesgo uno de los mayores logros de los últimos diez años: el interés legítimo. Esta figura permitía a individuos y colectivos salvaguardar derechos difusos o de índole colectiva sin la obligación de probar afectaciones individuales directas.
“El aspecto más crítico —señala Zamudio Díaz— no es solo el contenido normativo, sino la metodología. Una reforma sancionada sin un debate profundo es una reforma sin legitimidad democrática. Cuando el Congreso legisla de manera urgente sobre la justicia constitucional, transforma un instrumento de defensa en un mecanismo de control del poder”.
El experto consideró que el objetivo real es confinar el interés legítimo dentro de una definición restrictiva, transformándolo en una institución rígida y delimitada, cuando su naturaleza intrínseca es expansiva: una puerta de acceso a la justicia constitucional que amplió los espacios de participación ciudadana frente al Estado.
Por su parte, el senador del PRI, Pablo Angulo, tildó de simulación la modificación que aparentemente prohíbe la retroactividad. Argumentó que no solo se está quebrantando el principio de irretroactividad con esta nueva enmienda.
Enfatizó que la reforma transgrede el principio de seguridad jurídica y, como se explicó en el pleno del Senado, se está violando de manera parcial la Constitución, pero se está quebrantando por completo la certeza del derecho para la ciudadanía.
