Las comisiones unidas de Hacienda, Estudios Legislativos y Justicia del Senado de la República comenzaron una sesión histórica para aprobar el dictamen de la iniciativa presidencial en materia de amparo, un cambio de paradigma en el sistema de justicia mexicano.
Este proyecto legislativo, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum y respaldado por Morena y sus aliados, representa una revolución procesal que modifica simultáneamente la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. La transformación busca establecer un nuevo ecosistema jurídico con mayor certidumbre legal, homologación de términos procesales y acceso efectivo a la impartición de justicia para la ciudadanía.
Entre las innovaciones más disruptivas destaca la redefinición del concepto de interés legítimo, reconociendo explícitamente su carácter individual o colectivo, eliminando los requisitos arcaicos de que la afectación sea “actual” o el beneficio “directo”. Esta evolución conceptual permite la defensa estratégica de derechos colectivos y difusos sin confundirlos con el interés jurídico tradicional, abriendo nuevas fronteras en la protección comunitaria.
En el ámbito fiscal, se establecen con precisión los mecanismos de garantía para obtener la suspensión provisional en juicios de amparo contra actos de cobro de créditos fiscales firmes. La normativa especifica que únicamente podrán constituirse mediante billete de depósito emitido por institución autorizada o carta de crédito expedida por entidades crediticias autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y registradas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
La modernización incluye una expansión significativa de los plazos procesales: el término para que los jueces dicten sentencia en amparo indirecto se incrementa de 60 a 90 días naturales, alineándose con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Paralelamente, en suspensiones derivadas de procesos penales que afecten la libertad personal, se amplía de tres a cinco días el plazo para que las personas quejosas exhiban la garantía correspondiente, reconociendo las barreras que enfrentan los sectores vulnerables para gestionar fianzas o billetes de depósito.
En un movimiento estratégico para fortalecer la autoridad judicial, se eliminaron disposiciones que restringían la imposición de multas y sanciones penales a autoridades responsables de incumplir suspensiones o sentencias de amparo, manteniendo vigente la normativa actual y fortaleciendo los instrumentos de ejecución y cumplimiento.
Respecto al Código Fiscal de la Federación, se implementaron ajustes terminológicos y de redacción para garantizar coherencia con las modificaciones contempladas en el paquete económico que actualmente se debate en la Cámara de Diputados, creando un marco legal integrado y sistémico.
