Una apuesta por la equidad económica en la era digital
CIUDAD DE MÉXICO.- En un movimiento para democratizar el acceso al capital y cerrar brechas históricas, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo impulsa una modificación a la Ley de la Economía Social y Solidaria. El objetivo es claro: garantizar que los programas de fomento, especialmente en comunidades rurales y de alta marginación, integren de manera obligatoria y medible la perspectiva de género. Esto no es solo una cuestión de justicia social, sino una estrategia inteligente para potenciar el ecosistema de innovación social y desbloquear el talento femenino subutilizado.
La propuesta exige que las reglas de operación de la Secretaría del Bienestar incorporen un enfoque transversal de igualdad sustantiva, desarrollo inclusivo y rendición de cuentas. La senadora Yeidckol Polevnsky Gurwitz argumenta que, aunque la ley reconoce al sector social como pilar del desarrollo, omite mecanismos explícitos que aseguren paridad en el acceso a financiamiento, capacitación y espacios de decisión. “Sin criterios de inclusión claros para mujeres, jóvenes y comunidades indígenas, se limita el impacto real de la política pública y se desaprovecha el potencial de la economía social como motor de equidad y sostenibilidad”, afirmó.
El núcleo de la reforma: Inclusión como mandato operativo
La reforma, suscrita por senadoras como Geovanna Bañuelos y Liz Sánchez, busca transformar el Instituto Nacional de la Economía Social (Inaes) y la Secretaría de Economía en promotores activos de una economía con equidad. El cambio legislativo establecería como mandato la incorporación de la perspectiva de género e inclusión social en todos los instrumentos existentes, creando pasarelas accesibles para que startups sociales lideradas por mujeres accedan a capital semilla, crédito, asesoría y garantías en condiciones justas.
La iniciativa plantea metas verificables de participación femenina, criterios de sostenibilidad ambiental y apoyo específico para la formalización de emprendimientos comunitarios en zonas marginadas. La visión es incrementar la tasa de acceso al crédito de las mujeres, reducir la brecha financiera de género y consolidar un ecosistema económico más diverso y resiliente.
Desafiando un statu quo obsoleto con datos contundentes
Las cifras del Banco de México revelan la urgencia de esta disrupción normativa: las mujeres representan solo el 30.6% de las empresas acreditadas y el 24% del saldo crediticio empresarial. Más de la mitad labora en la informalidad, sin seguridad social ni acceso a financiamiento formal, mientras que dos terceras partes se desempeñan en microempresas con condiciones precarias. Para la bancada del PT, esta disparidad no es casual, sino el resultado de factores estructurales que han excluido históricamente a las mujeres de la dinámica económica principal.
“El progreso en el siglo XXI requiere democratizar la economía, garantizar la participación paritaria e impulsar a quienes sostienen el trabajo comunitario y la economía de cuidados”, subrayó Polevnsky. La iniciativa, ahora en análisis en las comisiones unidas de Bienestar y de Estudios Legislativos, se presenta como una herramienta clave para construir un futuro donde la autonomía económica femenina sea un pilar del desarrollo nacional y no una excepción.
