Reforma de la Guardia Nacional redefine su estructura bajo mando militar

CIUDAD DE MÉXICO. La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aceleró el proceso para dictaminar la polémica reforma que redefine el marco legal de la Guardia Nacional, marcando un hito en la estrategia de seguridad del gobierno actual. El debate se centrará en su integración definitiva bajo el mando castrense, un cambio estructural que promete reconfigurar el paisaje de la seguridad pública en México.

Con un plazo ajustado de siete días, los legisladores analizarán la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, un documento de 958 páginas que no solo crea la Ley de la Guardia Nacional, sino que reforma ocho leyes y dos códigos, incluyendo normativas clave como el Código de Justicia Militar. La urgencia refleja la prioridad política de consolidar este cuerpo de seguridad antes del periodo extraordinario de sesiones.

La propuesta, diseñada para operar bajo la órbita de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), establece un modelo híbrido: personal militar con formación policial, pero sujeto a fuero castrense. Su alcance operativo abarcará desde infraestructura crítica como aduanas y vías férreas hasta espacios naturales protegidos, replicando la estructura jerárquica del Ejército Mexicano.

Entre los puntos más disruptivos destacan:

• Reclasificación del personal castrense a la nueva corporación con reconocimiento de antigüedad
• Jurisdicción penal militar para sus integrantes, excluyendo casos con civiles
• Mando unificado bajo un General de División designado por el Ejecutivo

Este paquete legislativo forma parte de una estrategia integral que incluye la Ley del Sistema de Seguridad Pública y normativas de inteligencia, posicionándose como eje central de la agenda política para junio. Los críticos advierten sobre riesgos de militarización, mientras que el oficialismo insiste en profesionalizar la seguridad ante desafíos como el crimen organizado y la protección fronteriza.

La votación del miércoles 18 de junio marcará un punto de inflexión en un debate que trasciende lo jurídico: representa la materialización de un nuevo paradigma en la seguridad nacional, donde las fronteras entre lo civil y lo castrense se redefinen en tiempo real.