Reconfigurando la Gestión Hídrica Nacional
CIUDAD DE MÉXICO.- Ante las movilizaciones de organizaciones agrarias en diversas regiones, el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, desglosó que el paquete de reformas a la Ley General de Aguas tiene como objetivo principal bloquear la transferencia de concesiones entre privados y eliminar el acaparamiento corporativo del recurso, sin restringir derechos sucesorios o transacciones inmobiliarias, como han señalado algunos sectores.
Durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, Morales detalló que la propuesta legislativa enviada a la Cámara de Diputados integra dos transformaciones estructurales: una nueva Ley General de Aguas, fundamentada en el artículo 4 constitucional, que consolida el derecho humano al líquido vital y delimita competencias entre los tres niveles de gobierno; y una actualización a la Ley de Aguas Nacionales, vinculada al artículo 27, que plantea la recuperación de la rectoría estatal sobre el recurso estratégico.
El titular de Conagua argumentó que el marco regulatorio vigente, establecido en 1992, facilitó que actores con mayor capital financiero acumularan derechos de aprovechamiento, generando una brecha de desigualdad frente a comunidades originarias, pequeños productores y agricultores de subsistencia que enfrentan barreras de acceso al suministro hídrico.
Objetivos Centrales de la Transformación Normativa
En consecuencia, el nuevo paradigma legal impediría que los particulares comercialicen y transfieran títulos concesionarios entre sí, además de vetar modificaciones de uso que actualmente permiten que concesiones otorgadas para agricultura sean destinadas a parques industriales, campos de golf o complejos inmobiliarios sin supervisión gubernamental.
Entre las innovaciones destacadas, resaltó la implementación de un registro público digital de concesiones para asegurar máxima transparencia, la erradicación del acaparamiento especulativo del recurso, el robustecimiento del régimen sancionador contra la extracción ilegal; la creación de un fondo de reserva de aguas nacionales para garantizar el abasto a comunidades rurales e indígenas; y la regulación de sistemas de captación pluvial que han provocado afectaciones ecosistémicas por construcciones desmesuradas.
Efraín Morales subrayó que son infundadas las versiones que indican que la legislación obstaculizaría la transmisión hereditaria del agua cuando una propiedad cambia de titular. Confirmó que las concesiones podrán reasignarse a nombre de los herederos o adquirentes de los inmuebles, asegurando certidumbre jurídica en las transacciones.
Impacto y Proyección de la Reforma Hídrica
Finalmente, señaló que los opositores a la reforma “protegen intereses vinculados al acaparamiento histórico del agua” y anticipó que la iniciativa será analizada en los próximos días en la sede legislativa de San Lázaro.
Proyecto Estratégico: “Agua para Colima”
Paralelamente, Conagua presentó el arranque de “Agua para Colima”, una obra de infraestructura que comprende un acueducto de aproximadamente 21 kilómetros, con una inversión estimada de mil 780 millones de pesos. Este proyecto de ingeniería hidráulica busca asegurar el suministro para la zona metropolitana de la capital, que históricamente ha dependido del abastecimiento procedente de la comunidad indígena de Zacualpan.
De manera virtual, la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, avaló la obra y manifestó que la expansión demográfica y económica de la región demandaba una nueva fuente de aprovisionamiento para garantizar presión y caudal adecuados. Afirmó que la autorización del proyecto refleja una política federal que prioriza el derecho humano al agua sin distinción del tamaño de la población beneficiada.
La mandataria estatal aseguró que esta infraestructura garantizará la sostenibilidad del suministro de agua potable en la zona metropolitana de Colima durante al menos las próximas tres décadas, y reconoció el apoyo del gobierno federal, al que caracterizó como receptivo a las necesidades de las entidades federativas con menor densidad poblacional.
