La crisis de seguridad en el penal de Culiacán alcanzó un punto crítico esta semana con dos episodios consecutivos de violencia extrema. Cuatro reclusos perdieron la vida y tres más resultaron lesionados en enfrentamientos que expusieron fallas sistémicas en el control de armas y vigilancia.
Fuerzas federales y estatales activaron protocolos de emergencia tras descubrir un arsenal oculto: nueve pistolas, 21 cargadores y dispositivos de comunicación prohibidos. El operativo interinstitucional involucra al Ejército, Guardia Nacional y tres cuerpos policiacos en una estrategia que combina inteligencia digital y presencia táctica.
Expertos en seguridad penitenciaria señalan que estos eventos reflejan la urgencia de modernizar los sistemas de monitoreo con tecnología biométrica y escáneres de última generación. Mientras tanto, las autoridades implementan rondas preventivas las 24 horas y revisión aleatoria de celdas.
Los últimos incidentes ocurrieron en menos de 48 horas: el primero cobró la vida de Pedro Adán “N”, mientras que el segundo dejó tres víctimas mortales cuyas identidades se mantienen en reserva. Las investigaciones apuntan a ajustes de cuentas entre grupos rivales al interior del centro.
Este caso reabre el debate sobre el control de armas en prisiones mexicanas y la necesidad de adoptar soluciones tecnológicas disruptivas, desde drones de vigilancia hasta sistemas de bloqueo de señales celulares, para prevenir nuevas tragedias.
