Un conflicto de gran envergadura se ha desatado en el sector comercial mexicano, poniendo en el centro del debate la obligación de pagar por la música que se reproduce en establecimientos. La disputa enfrenta a hoteleros, restauranteros y pequeños empresarios con la Sociedad de Autores y Compositores de México y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. La controversia no cuestiona el principio del pago, establecido por ley, sino su aplicación práctica: los métodos de inspección, los montos exigidos y una profunda falta de transparencia que los contribuyentes perciben en el proceso.
Desde un punto de vista técnico, el marco legal es inequívoco. La Ley Federal del Derecho de Autor estipula que toda comunicación pública de una obra musical con fines de lucro genera una obligación económica para el establecimiento que la utiliza. Esta regalía está destinada a compensar el trabajo creativo de autores y compositores. El IMPI, como autoridad competente, supervisa el cumplimiento de esta normativa, mientras que la SACM actúa como sociedad de gestión colectiva, intermediando en la recaudación y distribución de estos derechos.
El núcleo del conflicto reside en los operativos de inspección realizados de manera conjunta por ambas entidades. Según reportes de las cámaras empresariales, estas revisiones derivan en solicitudes de pago que oscilan entre cinco mil y ciento veinte mil pesos mensuales. La extrema variabilidad de estas cifras, que no siempre parece corresponder a parámetros objetivos como el tamaño, aforo o facturación del negocio, ha generado un malestar generalizado. Los comerciantes argumentan que se enfrentan a una ausencia de tabuladores claros y a una presión que califican como coercitiva, donde la amenaza de acciones legales o el cierre temporal del establecimiento por 72 horas se utiliza como mecanismo de presión.
Iván Pérez Ruiz, presidente de la Canaco en Ciudad Juárez, ha sido enfático en sus críticas, señalando que los empresarios se sienten acosados. Una de las quejas más técnicas y sustanciales se refiere a la opacidad del catálogo de la SACM. Los comerciantes afirman que no existe certeza sobre qué autores y compositores específicos están representados por esta sociedad, lo que dificulta entender la base sobre la que se calculan las tarifas. Esta falta de información impide que los establecimientos puedan, por ejemplo, optar por programar música de creadores no afiliados a la SACM para evitar el pago, una estrategia legalmente viable que se ve obstaculizada por la desinformación.
Como respuesta a esta situación, ha surgido un movimiento organizado por parte del sector comercial. Se ha iniciado una campaña de boicot que invita a salones de fiesta, bares, tiendas y hoteles a dejar de reproducir música de compositores asociados a la SACM. Esta medida, más allá de su impacto práctico, simboliza la frustración de un sector que se siente victimizado por una aplicación desproporcionada de la ley.
Las estadísticas oficiales del IMPI indican que, hasta finales de agosto, se habían realizado 2,084 visitas de inspección, de las cuales 1,200 fueron de oficio y 884 respondieron a denuncias. Estas cifras reflejan una actividad inspectora sostenida que mantiene en vilo a una amplia gama de negocios. La presencia de inspectores federales en los establecimientos, verificando el cumplimiento de la normativa, añade una capa de presión significativa sobre los propietarios, quienes operan en un clima de constante incertidumbre.
Ante la escalada del conflicto, las autoridades federales han anunciado la búsqueda de una solución negociada. En un comunicado conjunto, la Secretaría de Economía, el IMPI, la SACM y la Concanaco informaron que trabajan en un convenio nacional. El objetivo declarado es establecer reglas claras y tarifas justas que se ajusten a la realidad de las empresas, especialmente de las micro y pequeñas, que son las más vulnerables a estos cobros. Santiago Nieto, titular del IMPI, ha confirmado que se han iniciado diálogos con las cámaras de comercio para encontrar un punto de equilibrio.
El fondo de este debate trasciende el mero cobro de una cuota. En juego se encuentra el equilibrio entre dos derechos legítimos.
Por un lado, el derecho irrenunciable de los creadores a recibir una compensación económica por la explotación comercial de su obra, un principio fundamental para sostener la creación cultural. Por otro, el derecho de los comerciantes a operar bajo un marco regulatorio previsible, transparente y proporcional, que no comprometa su viabilidad económica. La resolución de este conflicto sentará un precedente crucial para la convivencia entre la protección de la propiedad intelectual y el desarrollo empresarial en México. Mientras se alcanza un acuerdo, la incertidumbre y la tensión continúan, y el paisaje sonoro de miles de establecimientos comerciales pende de un hilo, a la espera de una solución que concilie ambos intereses de manera justa y sostenible.
