Reinventando la privacidad en la era del acoso telefónico masivo

Imaginemos un ecosistema digital donde el consentimiento no sea un trámite burocrático, sino la piedra angular de toda interacción. Donde el acoso telefónico masivo no se mitigue con parches, sino que se erradique desde su raíz mediante una arquitectura de permisos radicalmente transparente. La propuesta del diputado Luis Orlando Quiroga no es una simple reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones; es un manifiesto que desafía la lógica depredadora de la era de los datos.

¿Y si en lugar de perseguir a los infractores, diseñamos un sistema que haga imposible la violación? La iniciativa, al añadir los artículos 191 Bis y 191 Ter, no se limita a regular las comunicaciones no solicitadas. Propone una inversión total del burden de la prueba: la comunicación comercial deja de ser un libre derecho del emisor para convertirse en un privilegio que solo otorga el receptor. Este es el verdadero derecho a la privacidad en acción, no como un concepto abstracto, sino como una experiencia de usuario tangible.

La visión disruptiva va más allá de la sanción. Obliga a los concesionarios y a cualquier entidad a consultar registros de exclusión, pero la genialidad reside en el mandato de implementar filtros de exclusión automatizada. Esto traslada la batalla del agotado ciudadano a la capa tecnológica, donde debe librarse. Es una propuesta que entiende que la escala del problema solo puede combatirse con automatización a favor de la persona, no en su contra.

El discurso convencional ve llamadas de cobranza y prospección comercial. Un pensador lateral conecta los puntos: este ruido digital constante es una forma de contaminación ambiental que erosiona la salud mental colectiva y normaliza la violación de fronteras personales. Las tecnologías automatizadas que hoy facilitan el acoso, pueden ser reconvertidas en guardianes automatizados de nuestra tranquilidad. La misma herramienta, reprogramada con una filosofía distinta.

En un momento de transformación orgánica institucional, esta iniciativa no es un añadido, es el plano para un nuevo sistema operativo legal. No se trata de proteger al usuario, sino de empoderarlo como el soberano único de su atención y sus datos. La verdadera innovación no reside en nuevas tecnologías, sino en nuevos marcos mentales que convierten un problema persistente en la oportunidad de definir, de una vez por todas, qué clase de futuro digital queremos construir: uno de consentimiento explícito o uno de intrusión implícita.