La cruda realidad muestra al menos 64 víctimas mortales tras el diluvio que arrasó la semana pasada los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro en el centro de México. Una cifra escalofriante que, sumada a 65 desaparecidos, podría incrementarse. Esta catástrofe climática, con aproximadamente 100.000 viviendas afectadas, ha desenterrado el debate sobre la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y su reemplazo por una asignación presupuestaria anual. Como en ocasiones anteriores, el Gobierno federal asegura que existirán recursos suficientes, mientras la oposición cuestiona la improvisación y opacidad en la distribución de fondos.
“Las recientes inundaciones que han impactado a miles de familias son tragedias que trascienden colores políticos o ideologías. En el PAN ejecutamos todas las acciones posibles para auxiliar a los perjudicados. Una vez más alzamos la voz para exigir el retorno del Fonden, con financiamiento adecuado y atención genuina para cada ciudadano afectado”, publicó en sus redes sociales Jorge Romero, dirigente del opositor Partido Acción Nacional; mientras Ricardo Monreal, coordinador parlamentario de Morena, tildó estas declaraciones de “actitud politiquera”. “No deberían instrumentalizar esta desgracia con fines partidistas, propósitos mezquinos de aprovechamiento electoral de la tragedia”, denunció.
Al igual que durante el huracán Otis en Acapulco, el Gobierno de México ratificó su metodología de intervención ante estas emergencias. Por una parte, brigadas de Servidores de la Nación realizan un censo de damnificados, otorgando apoyo económico directo y enseres como electrodomésticos y colchones; por otra, se transfieren recursos municipales para obras de infraestructura. Según lo expuesto en la conferencia de prensa presidencial este lunes, existen 19.000 millones de pesos destinados a la atención de desastres naturales, de los cuales aproximadamente 3.000 millones ya fueron ejercidos.
“Si el Fonden y su marco normativo permanecieran vigentes, este ejercicio fiscal habría contado con 28.000 millones de pesos, 9.000 millones adicionales a lo actualmente asignado”, analiza Jorge Eduardo Cano, coordinador del Programa de Gasto Público en el centro de análisis México Evalúa. Anteriormente, conforme a la legislación, los fondos anticatástrofes requerían capitalización anual mínima equivalente al 0.4% del gasto programable presupuestario.
Cano considera que la extinción del Fonden constituyó un error estratégico, “un retroceso de más de tres décadas en financiamiento y prevención ante desastres naturales“. El Fonden operaba como una cuenta corriente donde anualmente se depositaban recursos que se acumulaban para su utilización ante grandes catástrofes naturales. Al momento de su desaparición, el fideicomiso contaba con alrededor de 35.000 millones de pesos.
Fue la administración de Andrés Manuel López Obrador, mentor y antecesor de Claudia Sheinbaum, quien eliminó este mecanismo, argumentando que representaba un foco de corrupción. Si bien diversas auditorías detectaron irregularidades en la ejecución de proyectos, principalmente en el manejo de recursos por entidades federativas más que en la gestión central del fideicomiso.
