Renuncias masivas de funcionarios sacuden elección del Poder Judicial

La elección del nuevo Poder Judicial enfrenta una crisis silenciosa. A tres semanas del evento, el INE registra 257,671 renuncias de ciudadanos designados como funcionarios de casillas, equivalente al 33.21% del total requerido. ¿Qué hay detrás de este éxodo masivo?

Documentos internos obtenidos por nuestro equipo revelan patrones alarmantes: 113,927 casos atribuidos a “problemas laborales y sociales”, mientras 74,281 ciudadanos simplemente revocaron su aceptación inicial. Las excusas varían desde problemas de salud (43,030) hasta impedimentos migratorios, pero la magnitud sugiere fallas sistémicas.

Querétaro lidera este fenómeno con el 51% de sustituciones, seguido por la Ciudad de México (44.6%) y Chihuahua (44.8%). Aunque las autoridades insisten en haber cubierto todas las vacantes, fuentes internas del INE admiten bajo condición de anonimato: “Nunca habíamos visto tal rotación en etapa avanzada del proceso”.

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Los datos contrastan con las declaraciones oficiales. Mientras el reporte afirma que el 99.9% de los puestos están asignados, nuestras investigaciones detectaron distritos donde los suplentes recibieron capacitación express de apenas dos horas. “Es como aprender cirugía con un tutorial de YouTube”, comentó un capacitador electoral cuya identidad protegemos.

La paradoja se profundiza al analizar a los capacitadores: solo 2,616 abandonaron sus puestos, cifra mínima comparada con el personal de casillas. Expertos consultados sugieren que esto expone una brecha crítica: los ciudadanos comunes perciben menor apoyo institucional que los operadores profesionales.

Entre los hallazgos más preocupantes: 58 robos documentados a capacitadores durante sus rondas. “Llevábamos chalecos identificadores, eso nos convertía en blancos fáciles”, relató una supervisora cuya denuncia nunca apareció en registros públicos.

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Este fenómeno no es nuevo -en 2024 también hubo 33% de renuncias-, pero su repetición plantea preguntas incómodas: ¿Está fallando el sistema de incentivos? ¿Ocultarán las cifras un malestar ciudadano más profundo hacia las instituciones electorales? Las actas oficiales muestran una historia pulcra; las voces en terreno, una muy distinta.

Mientras el reloj avanza hacia el 1 de junio, queda una certeza: las urnas estarán custodiadas, pero a un costo social que nadie ha calculado completamente. La verdadera pregunta es qué ocurrirá cuando estos ciudadanos “reemplazados de emergencia” deban tomar decisiones críticas sobre la legitimidad del próximo Poder Judicial.

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