CIUDAD DE MÉXICO. ¿Qué llevó a Jaime Alanís García, un trabajador agrícola de 56 años, a esconderse en el techo de un invernadero durante una redada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en California? La respuesta, como su muerte, queda suspendida en un limbo de interrogantes. Sus restos fueron repatriados a México esta semana, pero las circunstancias de su fallecimiento —tras una caída de nueve metros— siguen bajo una nube de opacidad.
Documentos obtenidos por este medio revelan que la redada ocurrió el 10 de julio en campos del Condado de Ventura, zona conocida por su alta concentración de jornaleros migrantes. Testigos entrevistados describieron escenas de pánico: “Corrimos hacia los cultivos. Jaime trepó al invernadero para evitar ser detectado… nadie imaginó el desenlace”, relató un compañero bajo condición de anonimato.
Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la Cancillería mexicana, confirmó que el cuerpo fue entregado a la familia en Huajúmbaro, Michoacán. Sin embargo, fuentes cercanas al caso cuestionan la versión oficial: “¿Por qué no hubo asistencia médica inmediata?”, “¿Se activaron protocolos de derechos humanos durante la redada?”. Las preguntas se multiplican mientras el Consulado en Oxnard promete “seguimiento a las investigaciones”.
Este incidente reabre el debate sobre las prácticas del ICE. Según datos de la Coalición Pro Derechos del Migrante, en los últimos cinco años, 14 mexicanos han muerto durante operativos similares. ¿Cuántas tragedias más se necesitan para revisar estas políticas? Mientras tanto, la viuda de Alanís espera justicia entre lágrimas: “Solo quería trabajar… ¿Era necesario perseguirlo como a un criminal?”.
La SRE reiteró su “apoyo legal” a la familia, pero ¿bastará eso para evitar otro caso como este? La muerte de Jaime no es un hecho aislado: es el síntoma de un sistema migratorio fracturado que prioriza la detención sobre la dignidad humana.
