La Fiscalía de Michoacán ha hecho público un retrato hablado del individuo que acabó con la vida de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, la noche del sábado. El sujeto fue abatido en el lugar de los hechos, pero su identidad permanece sin ser establecida. Según declaraciones del fiscal Carlos Torres Piña, no se ha logrado identificar a esta persona ni ha sido reclamada por ningún familiar, lo que añade un velo de misterio sobre los orígenes y motivaciones del agresor.
Los resultados de la necropsia han proporcionado datos cruciales para el perfil del responsable. El análisis forense sitúa su edad en un rango de entre 17 y 19 años, presentándolo como un adolescente o adulto joven. Además, en su organismo se detectó la presencia de sustancias estupefacientes, específicamente anfetaminas y marihuana, lo que sugiere que pudo actuar bajo la influencia de drogas que alteran la percepción y reducen las inhibiciones.
La investigación balística ha aportado una pieza fundamental al revelar que el arma homicida, una pistola calibre 9 milímetros, no se utilizó por primera vez en este crimen. Este mismo instrumento había sido empleado previamente en dos eventos violentos distintos: un doble homicidio ocurrido el 16 de octubre y un ataque registrado en un bar apenas una semana después, el 23 de octubre.
Este hallazgo conecta el asesinato del edil con una cadena de violencia previa, apuntando a la posible operatividad de grupos delictivos que circulan armas entre sus miembros para múltiples acciones ilícitas. Un elemento técnico que fortalece la acusación contra el joven fallecido son las pruebas de rodizonato de sodio, las cuales dieron resultado positivo. Esta prueba forense se utiliza para detectar residuos de disparo en las manos de un sospechoso, y su positividad, según el fiscal, “afianza la hipótesis de que fue el autor material de estos hechos”. Este indicio físico coloca al individuo como el ejecutor directo de los disparos.
Ante la falta de identificación, las autoridades han activado procedimientos alternativos. Se ha enviado una petición formal al Instituto Nacional Electoral (INE) con el objetivo de cotejar las huellas dactilares del agresor con su base de datos masiva. No obstante, el fiscal Torres Piña reconoció las limitaciones de esta vía, ya que es probable que, dada su corta edad, el sujeto fuera menor de edad o simplemente no contara con una credencial para votar, requisito para estar registrado en el padrón. A pesar de esto, la Fiscalía esperará la respuesta formal del INE antes de descartar esta línea de investigación.
La difusión del retrato hablado busca que la ciudadanía pueda aportar información que lleve a desentrañar la identidad del agresor. Conocer quién era, de dónde venía y a qué se dedicaba es fundamental para reconstruir los eventos que llevaron al magnicidio y, potencialmente, descubrir si actuó por iniciativa propia o bajo órdenes de una estructura criminal más amplia. El perfil de un joven armado y drogado ejecutando a una figura política de alto perfil refleja los complejos y graves desafíos de seguridad que enfrenta la región, donde la violencia se manifiesta a través de actores cuyas historias personales a menudo quedan opacadas por la brutalidad de sus actos.
Este caso trasciende el hecho criminal aislado y se inserta en un contexto regional marcado por la confrontación entre el poder público y las organizaciones delictivas. El asesinato de un alcalde en ejercicio no solo es un ataque a un individuo, sino una afrenta directa al Estado de derecho y a la gobernabilidad local. La meticulosa labor de la Fiscalía para establecer cada detalle, desde la ruta del agresor hasta el historial del arma, es un componente esencial para impartir justicia y, en un plano más amplio, para diseñar estrategias de seguridad que prevengan tragedias similares en el futuro. La esperanza ahora reside en que la identidad del joven agresor sea develada, aportando las respuestas que una comunidad consternada y una institución golpeada necesitan para avanzar.
