La cruda realidad detrás del crimen de un alcalde
CIUDAD DE MÉXICO. En mi larga trayectoria cubriendo procesos judiciales, pocas veces he visto casos donde la evidencia sea tan contundente desde la primera audiencia. Durante la vista inicial contra los ocho implicados en el magnicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) estableció que el director de la Policía Municipal, Demetrio “N”, fue quien disparó contra el adolescente de 17 años que había asesinado al edil, cuando éste ya se encontraba sometido y desarmado.
Los videos peritajes presentados como prueba demostraron algo que he aprendido en estos años: la línea entre la justicia y la venganza es peligrosamente delgada. Demetrio “N” recogió el arma del suelo y accionó el gatillo directamente contra el menor. El informe forense indicó que el disparo se realizó a menos de 30 centímetros de distancia en el tórax del autor material, todo esto en un lapso no mayor a 13 segundos después de que el joven efectuara seis disparos contra Carlos Manzo.
Pero lo más revelador, y que recuerda casos similares que he documentado, fue el testimonio del paramédico que presenció esta ejecución sumaria. Relató cómo, después del disparo mortal, los escoltas le impidieron brindar los primeros auxilios y en su caso la reanimación al adolescente herido. Este patrón de obstrucción no es nuevo para quienes hemos seguido de cerca estos procedimientos.
Estos fueron solo algunos de los elementos probatorios que la Fiscalía de Michoacán presentó en la audiencia inicial que comenzó a las 5 de la mañana y se extendió por casi 8 horas. El Juez de Control decretó la prisión preventiva oficiosa para los ocho imputados, aunque será el próximo miércoles cuando se defina su vinculación a proceso formal.
La sombra del narcotráfico en la política local
Fuentes de la fiscalía michoacana confirmaron lo que muchos sospechábamos: el asesinato de Manzo fue ordenado por cabecillas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán, quienes ofrecieron el pago de 2 millones de pesos por el ataque armado contra el edil independiente de Uruapan.
Según las declaraciones de los ocho implicados, se mencionó a figuras centrales de la organización criminal como Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, y Raúl Álvarez Ayala, alias “El R1”. Este último, según el relato, mantuvo comunicación directa con los tres sicarios juveniles que ejecutaron el magnicidio.
La complejidad de los dispositivos de seguridad
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, reveló un dato crucial que muestra las fallas en el esquema de protección: un escolta del alcalde Carlos Manzo Rodríguez se encuentra prófugo, luego de que personal de la Fiscalía General del Estado detuviera a siete elementos que le brindaban seguridad personal.
En mi experiencia, cuando un elemento de seguridad huye, generalmente tiene información comprometedora. Las autoridades están investigando también a elementos de la Guardia Nacional que formaban parte del dispositivo de protección, aunque como bien señaló el gobernador, “el propio alcalde fue quien determinó que estos escoltas fueran su círculo más cercano en cuanto al tema de su seguridad”.
Este caso, como muchos otros que he analizado, demuestra la urgente necesidad de revisar los protocolos de seguridad para funcionarios públicos y la imperiosa transformación de las corporaciones policiales locales.
