José Luis Dagnino, presidente municipal de San Felipe, Baja California, fue retenido por autoridades estadounidenses cuando intentaba cruzar la frontera por el paso de Calexico, California. El incidente, ocurrido la tarde del martes 2 de diciembre, se produjo después de que su visa de turista fuera revocada por el gobierno de Estados Unidos. El mandatario local confirmó personalmente la información a través de sus redes sociales durante la noche del miércoles 3 de diciembre, con el objetivo declarado de mantener una comunicación transparente con los ciudadanos de su municipio.
Según la información disponible, al presentarse en el cruce fronterizo, los agentes estadounidenses no solo le notificaron la cancelación de su documento, sino que también le hicieron referencia a una serie de antecedentes y vínculos no especificados. Ante esta situación, Dagnino optó por regresar voluntariamente a territorio mexicano. El funcionario se encuentra en libertad y, según sus propias declaraciones, continuará ejerciendo sus funciones de gobierno con normalidad. Con este caso, Dagnino se suma a una lista cada vez más numerosa de funcionarios públicos mexicanos, particularmente de la entidad de Baja California, a quienes las autoridades migratorias estadounidenses les han revocado el permiso de entrada.
En su comunicado público, José Luis Dagnino, originario de Guasave, Sinaloa, se limitó a relatar los hechos sin profundizar en las posibles causas. Aseguró desconocer por completo los motivos que llevaron a la administración estadounidense a tomar esta decisión, una postura que ha sido común entre otros políticos que han enfrentado la misma medida. “Al realizar el trámite correspondiente para solicitar un permiso de ingreso a los Estados Unidos, fui notificado de la revocación de mi visa de turista”, explicó el alcalde. “Es importante precisar que, hasta este momento, no he recibido información oficial sobre la causa o el motivo que llevó a las autoridades estadounidenses a tomar esta decisión, similar a lo sucedido con diversos actores públicos en el país y en nuestro estado”.
El fenómeno de la revocación de visas a funcionarios mexicanos ha ido en aumento en los últimos años, interpretándose comúnmente como una herramienta de presión o de señalización por parte de Washington. Aunque rara vez se hacen públicas las razones específicas, estas acciones suelen estar vinculadas a investigaciones de seguridad nacional, sospechas de corrupción o presuntos vínculos con actividades ilícitas. La falta de una explicación formal deja un vacío informativo que, como el propio Dagnino reconoció, “puede generar dudas o inquietudes” entre la ciudadanía. Por ello, el presidente municipal reiteró su compromiso con la legalidad y la transparencia, y anunció que ya está realizando las gestiones diplomáticas y legales pertinentes para esclarecer los fundamentos de la decisión y actuar en consecuencia.
Desde una perspectiva técnica, la revocación de una visa es un acto de soberanía discrecional por parte del país emisor. No requiere necesariamente de un proceso judicial previo y puede basarse en información de inteligencia o evaluaciones de riesgo que no son divulgadas. Para un funcionario en activo, las implicaciones prácticas van más allá de la imposibilidad de viajar personalmente. Puede afectar la coordinación binacional en proyectos fronterizos, limitar la participación en foros internacionales y, sobre todo, dañar la percepción pública sobre su integridad, incluso en ausencia de cargos formales. Dagnino intentó contrarrestar este último punto de manera explícita, asegurando que el hecho “no interfiere con mis funciones, responsabilidades ni con las actividades institucionales que llevamos a cabo en beneficio de San Felipe”.
El caso fue anticipado por medios locales de Baja California, lo que indica que estas revocaciones, aunque no son oficialmente anunciadas por el gobierno estadounidense, se van filtrando en el ecosistema informativo regional, creando un clima de incertidumbre política. La respuesta del alcalde de San Felipe sigue un guion previsible: negar conocimiento de las causas, afirmar el compromiso con la ley y prometer continuar con el trabajo administrativo. Sin embargo, el episodio subraya la asimetría en la relación fronteriza y la potestad unilateral de Estados Unidos para restringir la movilidad de representantes políticos de un país vecino, con base en criterios que permanecen en la opacidad. El impacto final se medirá en la capacidad de Dagnino para gestionar esta crisis de credibilidad y en si la sombra de la sospecha, justificada o no, llega a afectar la operación cotidiana del gobierno municipal.
