Rosa Icela Rodríguez promete resultados progresivos en casos de desapariciones

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras una serie de reuniones con colectivos de búsqueda y familiares de víctimas, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, insiste en que los avances en la localización de personas desaparecidas llegarán, aunque a un ritmo que podría no satisfacer las demandas de quienes claman por respuestas inmediatas. ¿Pero qué tan efectivas son estas promesas en un país donde más de 100,000 personas siguen sin ser encontradas?

Rodríguez reconoció la complejidad del desafío durante su intervención, destacando la necesidad de coordinación entre los tres niveles de gobierno. Sin embargo, surgen preguntas incómodas: ¿Por qué, tras años de crisis, persisten fallas en la articulación institucional? Documentos internos filtrados a este medio revelan que, pese a los discursos, al menos 12 estados carecen de protocolos unificados para activar búsquedas en las primeras 72 horas, periodo crítico para hallar con vida a las víctimas.

La titular de Segob mencionó iniciativas legales propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum, como la Ley General en Materia de Desaparición Forzada. Pero testimonios recabados entre familiares cuestionan su aplicación: “Solo el 8% de las alertas emitidas en 2023 derivaron en localizaciones”, denunció Ana Luisa Ortega, coordinadora del colectivo “Hasta Encontrarles”. ¿Dónde están los recursos prometidos para fiscalías y bases de datos integradas?

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Entre las medidas anunciadas —como la Plataforma Única de Identidad— persiste el escepticismo. Expertos consultados señalan que proyectos similares fracasaron antes por falta de voluntad política. “Sin presupuesto etiquetado y auditorías independientes, esto queda en retórica”, advirtió el abogado penalista Rodrigo Méndez. Mientras, las cifras oficiales ocultan una realidad más cruda: el 60% de las desapariciones ocurren en zonas con alta presencia criminal, donde la colaboración ciudadana es silenciada por el miedo.

Al cierre, Rodríguez reiteró compromisos vagos: “Trabajaremos con ahínco”. Pero las familias exigen acciones concretas —no palabras— en un drama que ya acumula décadas de impunidad. La pregunta queda flotando: ¿Será este gobierno distinto, o repetiremos la historia de promesas incumplidas?

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